Marco Tulio Trejo Paiz
El futuro del presidente de la República, Jimmy Morales se encuentra en manos de una Comisión Pesquisidora del Congreso de la República, la cual está conformada por políticos y los mismos deben emitir una opinión política para decidir, si procede o no, que se levante el derecho de antejuicio del mandatario por señalamientos de financiamiento ilícito electoral.
Es obvio que los congresistas van a proteger al mandatario, porque no les conviene que se lleve a juicio al representante de la Unidad Nacional, sin importar si existen o no indicios de responsabilidad, por este delito que se ha convertido en una forma de vivir de muchos políticos que reciben financiamiento para lanzarse a la Presidencia.
Mucho se habla de que los financistas, en la época de campaña presidencial, entregan a diestra y siniestra varios millones, dándole a la mayoría de los candidatos o bien a los que creen tener posibilidades de llegar a la guayaba, para que cuando estén sentados en el poder les faciliten proyectos que permitan recuperar lo invertido.
Por algo es que en los Estados Unidos de Norteamérica los candidatos y presidentes tienen rotundamente prohibido recibir regalos, prebendas y mucho menos dinero, antes o después de ocupar los cargos, porque si se les demuestra que pusieron la mano les cae encima todo el rigor de la ley.
Esta posición de la sociedad estadounidense es una clara muestra del por qué los jefes de Estado no deben recibir dinero por debajo de la mesa, ya que tarde o temprano les pasan la factura, porque en este mundo nada es regalado y menos estas grandes cantidades de dinero que son vistas como una inversión por los interesados.
Es natural que las personas que invierten su dinero, tengan la necesidad de recuperarlo de alguna u otra forma, es una ley en este campo, lo malo es cuando lo invertido sirve para sacar provecho político y más si es detrimento de las grandes mayorías.
Lo que nos queda en este tipo de casos es estar atentos a lo que hará la famosa Comisión Pesquisidora y cómo valorará lo que ha investigado para hacerse un punto de vista de lo que ha presentado, tanto el Ministerio Público como la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), quienes aseguran que hay indicios suficientes para quitar el derecho de antejuicio a Morales, todo para que sea investigado y poder plantear una acusación formal que permita deducir las responsabilidades penales pertinentes.
Muchas personas se encuentran en favor del mandatario guatemalteco y otras dicen que lo mejor es dejarlo terminar su período presidencial, para que en el momento que lo deje sea llevado ante los tribunales de justicia, tal como sucedió con Alfonso Portillo, debido a que nos encontramos con un Estado debilitado por esta lucha política y de dos bandos que se encuentran enfrascados en un tira y encoje que únicamente afecta a todos aquellos guatemaltecos que trabajan para llevar el sustento a sus familias.
Por eso se hace necesario que se le ponga un punto y aparte a toda esta novela política y que el presidente, Jimmy Morales y su Gabinete de gobierno, se enfoque en resolver los problemas de fondo que han sido dejados por un lado, por estar en esta guerra política que nada bien le hace al país.
