Una cantaleta del Gobierno para resistirse a obedecer lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad respecto al ingreso al país del comisionado Iván Velásquez ha sido que según la ley nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales, pero resulta que el mismo Presidente está dando órdenes ilegales a sus subalternos con relación a este espinoso tema. Le ordenó, primero, a su Ministro de Gobernación que dijera categóricamente en una conferencia de prensa que no dejarían entrar al país al Comisionado, inmediatamente después de haber sido notificados de lo resuelto por la CC y posteriormente instruyó al Ministro de la Defensa para que, de manera arbitraria y sin fundamento, presentara un recurso de nulidad contra lo resuelto por el máximo tribunal, acción que fue inmediatamente rechazada por los magistrados.
En una reacción que no dejó de ser galimatías, el vocero militar dijo primero que acataban lo resuelto y luego que el Departamento Jurídico del Ejército “analizaría” la resolución, como si los abogados de la milicia tuvieran vela en el entierro en el que, según lo resuelto, ni el mismo Ministerio ni las Fuerzas Armadas tenían nada que ver.
El Comandante General del Ejército es el Presidente de la República y por lo tanto el Ministro de la Defensa tiene que haber actuado en un tema de tanta importancia acatando la instrucción de la superioridad, cuestionando un fallo firme de la Corte de Constitucionalidad, procedimiento impropio e inaceptable, además de ilegal. Que perico de los palotes presente un recurso evidentemente frívolo e improcedente es grave, pero que lo haga el Ministro de la Defensa en un país con la historia de autoritarismo militar y de represión que tiene Guatemala es un acto, además, evidentemente intimidatorio. Tan intimidatorio e ilegal como acatar la orden presidencial a los mandos militares para que, junto a los policías, sirvieran de telón de fondo a la presentación de Morales para anunciar que no prorrogaría el mandato de la CICIG luego de que les falló el plan para entrar a sacar por la fuerza, con el uso de vehículos artillados, al comisionado Iván Velásquez. El Ejército no tenía vela en ese entierro y, sin embargo, su alto mando acató una orden ilegal para simplemente dar una manifestación de fuerza que empoderara al gobernante en su posición radical y arbitraria motivada por su interés personal sobrepuesto al interés nacional.
Y ayer tuvo todavía el descaro de pedir certeza jurídica cuando quien se ha pasado la ley por el arco del triunfo, con apoyo militar y policial, es él, regresando al país a tenebrosas y terribles circunstancias del pasado.
