Jorge Morales Toj
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El genocidio en Guatemala ha quedado demostrado por una Comisión de la Verdad creada después de la firma de la paz y ante dos tribunales de justicia del país. Sin embargo, los perpetradores y los que financiaron el genocidio siguen empecinados en negar los trágicos hechos que han enlutado a miles de familias guatemaltecas.
Ya la Comisión de Esclarecimiento Histórico en el año 1999 en su Informe Guatemala Memoria del Silencio, concluyó: “que agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre los años 1981 y 1983, ejecutaron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya que residía en las cuatro regiones analizadas. Esta conclusión se basa en la evidencia de que, a la luz de lo dispuesto en el Artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, hubo matanzas de miembros de los grupos mayas (Artículo II, letra a), lesiones graves a su integridad física o mental (Artículo II, letra b) y actos de sometimiento intencional de los grupos afectados a condiciones de existencia que acarrearon o pudieron haber acarreado su destrucción física total o parcial (Artículo II, letra c)…”.
La voz de las viudas, de los huérfanos, de los sobrevivientes del genocidio se hizo sentir ante la Comisión de Esclarecimiento Histórico, miles de mujeres mayas mayoritariamente, narraron los hechos acaecidos durante los años más obscuros de nuestra historia. La valentía de miles de mujeres y huérfanos organizadas en la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala Conavigua y las Comunidades de Población en Resistencia CPR de Ixcán y de la Sierra, reforzados con el testimonio de los cementerios clandestinos, fueron fundamentales para hacer escuchar su voz y sus testimonios, para que la CEH admitiera y finalmente concluyera que en Guatemala en los años 80 al 83 se había cometido Genocidio.
En medio de un largo y tormentoso camino por la justicia, las víctimas y sobrevivientes del Pueblo Maya Ixil lograron que, el 10 de mayo de 2013, el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por la valiente jueza Jazmin Barrios, emitiera la primera condena al exdictador general Efraín Ríos Montt, a 80 años de prisión por el por el delito de Genocidio. Esa condena en el imaginario de los pueblos indígenas, la sociedad guatemalteca y del mundo sigue vigente.
El 26 de septiembre de 2018, el Tribunal B de Mayor Riesgo emitió la segunda condena y estableció: “Al tribunal, por unanimidad, le han quedado probados los supuestos de hecho de este delito, que se cometió, en ese lapso de tiempo, el delito de genocidio y delito de deberes contra la humanidad cometidos por el Ejército de Guatemala durante el 23 de marzo de 1982 al 31 de julio de 1983, específicamente en el área conocida como Triángulo Ixil”.
Esta sentencia debe ser un parteaguas para la historia de Guatemala. No podemos seguir entrapados en la discusión si hubo o no hubo genocidio. Aquí hubo genocidio y punto. El debate debe ser cómo avanzamos en el reconocimiento de la verdad, fortalecer procesos de reparación colectiva, promoción de la memoria histórica y sobre todo en garantizar que los hechos del pasado no vuelvan a suceder; y juntos avanzar en la conciliación nacional y la consolidación de la paz.
