Oscar Clemente Marroquín
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En el mundo de los negocios se dice que el cliente siempre tiene la razón pero esa idea no tiene cabida en el mundo de la legalidad y el Estado de Derecho porque por definición se tiene que acatar lo que resuelven los órganos jurisdiccionales sin más recursos que los expresamente contemplados en la misma ley. Repetirlo puede parecer hasta una perogrullada porque el más elemental sentido común indica que si una sociedad dispone que puede mandar por un tubo todos o algunos de los fallos judiciales, dependiendo del gusto del cliente, entra en un estado de zozobra y anarquía que terminará destruyéndola.
Y esa es justamente la receta que los asesores del presidente Morales le dieron al decirle que él puede calificar si un fallo judicial es o no legal y, si decide que no lo es, puede acogerse a la norma constitucional de que nadie está obligado a cumplir órdenes ilegales. Exactamente eso es lo que está haciendo luego de los sucesivos fallos de la Corte de Constitucionalidad relacionados con su pleito personal contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, entidad a la que en campaña pidió que por favor lo investigara porque él no tenía nada que ocultar, pero cuando se produjeron esas investigaciones la CICIG se convirtió en obsesión presidencial, al punto de que nada en el país se hace porque todos los recursos y las escasas capacidades están centradas en alimentar esa controversia.
El punto es relativamente sencillo. El mandatario tiene un conflicto de interés del tamaño de la Catedral porque él mismo es objeto de investigaciones penales y dos familiares suyos fueron acusados de la comisión de ilícitos que para algunos son irrelevantes porque “apenas” rascan los cien mil quetzales. Eso abrió las puertas para que otros que necesitan el régimen de impunidad pudieran hablar al oído del Presidente para que olvidara todo lo que dijo en la campaña respecto a su “disposición” a ser investigado y se pasara al bando de los del Zavala y de otros que, en poderosos e influyentes sectores, sienten como una especie de afrenta eso de que se les investigue por hacer lo que siempre han hecho sin ninguna consecuencia legal, incluyendo el sobornar a los políticos para asegurar la Cooptación del Estado.
En Guatemala la justicia está para castigar al marero o al ladrón de gallinas, pero nunca al delincuente de cuello blanco, lo mismo si su robo no llega a los cien mil quetzales que si se clava millones. Nadie se había preocupado por las históricas deficiencias del Sistema de Justicia hasta que los poderosos se convirtieron en acusados sometidos a ese viciado procedimiento y por ello es que el grito llegó hasta la Asamblea General de Naciones Unidas ante la que el presidente Morales habló de problemas como el de la prisión preventiva mintiendo descaradamente como lo hizo a lo largo de los trece minutos en los que despotricó contra la CICIG.
El presidente Morales debe recordar que no será mandatario toda la vida y que si violenta el orden legal desobedeciendo resoluciones judiciales, tendrá que enfrentar consecuencias. El Presidente no tiene la facultad de calificar los fallos de la CC y si se la atribuye es él quien rompe el orden constitucional.
