*Julio Roberto Bermejo González
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La Constitución Política de la República en su artículo 161 literal a) y 165 literal h) otorga a los diputados y al Presidente de la República la protección legal de no ser detenidos ni juzgados si la Corte Suprema de Justicia en el caso de los diputados o el Congreso de la República –en el caso del Presidente de la República– no declaran que ha lugar a formación de causa. Esta protección legal la define la Ley en Materia de Antejuicio –Decreto 85-2002 del Congreso de la República– en su artículo 3, señalando: «… no ser detenidos no sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa».
Es oportuno dejar perfectamente claro que gozar de antejuicio no garantiza –a ningún funcionario– que se le investigue porque nadie podrá ser detenido ni juzgado si antes no se le ha investigado y la investigación le corresponde al Ministerio Público tal como se señala en los artículos 1 y 10 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo 289 del Código Procesal Penal, en el que se señala enfáticamente que cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho punible debe impedir que produzca consecuencias ulteriores y debe promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado.
Lo expuesto anteriormente señala –con claridad meridiana– que ni el Presidente de la República, ni los diputados al Congreso de la República, tienen razón legal para impedir y en algunos casos obstaculizar que se les investigue, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho con características penales en el que hayan evidencias de que el funcionario –Presidente o diputado– tuvo o tiene participación.
Al actual Presidente de la República –Jimmy Morales– se le señala, como Secretario General que fue del Partido político FCN-NACIÓN, que tiene responsabilidad –y hay claras evidencias de ello– de financiamiento electoral ilícito, por no haber declarado y registrado ante el Tribunal Supremo Electoral contribuciones dinerarias y esto está tipificado como delito. Pretende hacer ver a la ciudadanía que esos hechos no se produjeron aun cuando hay claras evidencias –los propios financistas lo declararon–. El pueblo de Guatemala debe recordar que ya el Congreso de la República lo protegió una vez, al no viabilizar el trámite de un antejuicio y ahora que el Ministerio Público pide un segundo antejuicio es posible que el «Pacto de Corruptos» que existe en el Congreso de la República lo proteja nuevamente, cuando lo justo, razonable y ético sería, que se sometiera a la investigación que haría el Ministerio Público. Esta conducta contradice lo que señaló en el 2016 al indicarle al presidente Pérez Molina que por honor y por dignidad debería renunciar al antejuicio y someterse al debido proceso. Pareciera ser que ahora ese sensato consejo que le dio a Pérez Molina ya se le olvidó y lo echó al cesto de la basura.
En recientes declaraciones el presidente Jimmy Morales pretende argumentar –y con ello encubrir su conducta– en que fue electo democráticamente –lo cual no se le contradice– pero se le olvida que se le eligió por su eslogan de «ni corrupto ni ladrón» y porque señaló que su lucha sería contra la corrupción y en esto es correcto que el pueblo de Guatemala lo señale como «mentiroso» porque precisamente toda su lucha la ha volcado en atacar y obstaculizar los valientes esfuerzos del Ministerio Público y la CICIG, entidades que han desarrollado una eficiente lucha contra la corrupción que está cooptando al Estado. Lo anterior queda claro con la tolerancia a la penetración del narcotráfico en todo el territorio nacional, la tolerancia a las plazas fantasma, el apoyo a la irracional e injusta lucha de Joviel Acevedo, la corrupción en el Ejército, el irracional despilfarro de los recursos del Estado, el elevado sueldo del Presidente y los gastos de la familia a cargo del erario público, la falta de participación e interés en la solución de graves situaciones que afectan a amplios sectores de la población, y muchas otras cosas más que se le pueden señalar. Todo lo anterior es corrupción y cuando no se lucha contra la corrupción se fortalece la impunidad.
En el Congreso de la República se está dando actualmente un espectáculo bochornoso de falta de ética, dignidad y arrogancia. Se trata del Vicepresidente del Congreso sobre el cual hay evidencias de participación en negocios que afectan al fisco, porque está realizando una labor de obstaculización del trámite de su antejuicio, realizando todo tipo de maniobras; jactándose de muy vertical y honesto, cuando en realidad debería ocuparse de presentar sus pruebas de descargo, si es que cree ser inocente, dejando de señalar al Ministerio Público y a la CICIG de una persecución política. Es evidente que se busca impunidad.
El Presidente de la República le teme profundamente al antejuicio y sus consecuencias y esto unido a la creencia de que la CICIG está persiguiéndolo a él y a su familia, lo ha impulsado a tomar actitudes como la de querer expulsar del país al Comisionado Iván Velásquez y lo único que ha logrado es que los guatemaltecos –me refiero a los que son ajenos a la corrupción– y la comunidad internacional arropen al Comisionado y exalten su magnífica labor en el combate a la corrupción. No hay que olvidar que la impunidad es el caldo de cultivo de la corrupción.
No es cierto que el accionar del Ministerio Público y la CICIG se centre en una persecución selectiva y ello podría ser cierto si lo selectivo se entiende como perseguir a los delincuentes de cuello blanco y a los funcionarios ladrones. El presidente Morales pretende perfilarse como protagonista de la lucha contra la corrupción pero sobre esto el guatemalteco honrado y la comunidad internacional saben que no es cierto y por ello es que el Secretario General de la ONU señaló que la CICIG no es un problema para Guatemala, ni para la sociedad guatemalteca y que la administración de Jimmy Morales no protege a la sociedad sino se está protegiendo a sí mismo.
Ante el bochornoso espectáculo que el presidente Jimmy Morales montó el día viernes 31 de agosto –rodeado solo de militares y de 2 o 3 funcionarios que tienen señalamientos muy graves– y después de esa pretensión de amedrentar a los funcionarios de la CICIG en su sede, la Embajada de los Estados Unidos en un comunicado de prensa señala que la CICIG es un socio efectivo e importante para luchar contra la impunidad y hacer que los corruptos rindan cuentas y que los Estados Unidos continuarán apoyando la lucha de Guatemala contra la corrupción y la impunidad y que este apoyo lo considera como parte integral de la relación de Estados Unidos con Guatemala. Este mensaje es muy claro.
El presidente Jimmy Morales va por muy mal camino y si quiere corregir su ruta oiga lo que se le dice; además, debe comprender que no corresponde conducir al país ni a una fuerte confrontación política y mucho menos que la confrontación sea de carácter religioso.
Doctor en Derecho* Catedrático Universitario Graduado por la Escuela Diplomática de España*
