Javier Monterroso
En ciencia política se denomina Estado laico o Estado secular cuando el mismo es independiente de cualquier religión, es decir no existe una religión oficial y se permite practicar cualquier religión sin más requisito que el respeto a los demás. Guatemala supuestamente es un Estado laico desde 1879, porque en sus Constituciones Políticas desde esa fecha hasta la actual así se ha establecido. En la actual Constitución Política de la República se reconoce la libertad de religión: “Artículo 36. Libertad de religión. El ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más limites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos”.
Sin embargo, para ser considerado como un Estado laico se requieren otros requisitos además de lo que establezca la Constitución: 1. Que las autoridades políticas no se adhieran públicamente a ninguna religión, esto no quiere decir que sus autoridades no tengan religión, sino solo que no lo manifiesten en público, en sus discursos e intervenciones públicas y que no asistan a actos de culto masivos o televisados. 2. Que las creencias religiosas no inluyan sobre la política nacional en ninguno de los poderes del Estado. 3. Que los ciudadanos sean tratados por igual independientemente de la religión que profesan y 4. Que efectivamente sea respetada la práctica de cualquier religión, o la ausencia de la misma.
Desde hace varios años en Guatemala está en riesgo el Estado laico, particularmente el gobierno de Jimmy Morales y el actual Congreso de la República se están encargando de convertirnos en un Estado confesional cristiano evangélico. En primer lugar por esa costumbre de Jimmy Morales y sus funcionarios de hablar de Dios en todos los discursos, e incluso sus ministros de gobierno y altos funcionarios ponen citas bíblicas en sus páginas de redes sociales, insisto en que el problema no es que los funcionarios tengan una religión y la practiquen, el problema es que lo hagan públicamente, que se comporten como cualquier fiel a su iglesia y no como funcionarios que representan a toda la nación, incluso aquellos que no tienen religión.
En segundo lugar, cada vez más las creencias religiosas influyen en las políticas de Estado, en las leyes y en los actos de gobierno, principalmente en el Congreso de la República desde donde se ha impulsado una propuesta de ley que por razones religiosas prohibe la ideología de género y el matrimonio homosexual (que ni siquiera está permitido). El día de ayer el Congreso aprobó un punto resolutivo donde se insta al Ejecutivo a prohibir el ingreso de una banda de rock, el diputado que promovió el punto es miembro de una iglesia lo hizo porque el grupo es satánico. Además, en el Ejecutivo en diversos ministerios se ha hecho obligatoria la asistencia de funcionarios a actos religiosos cristiano evangélicos.
La lucha por mantener al Estado de Guatemala ajeno a las influencias religiosas es fundamental, representa una lucha por la libertad de decidir para cada persona qué religión quiere seguir y qué estilo de vida decide sin que el Estado se meta en eso.
