El gobierno ha identificado de manera absoluta su discurso y acciones, con lo que han venido promoviendo los más vociferantes adversarios de la lucha contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, y es inevitable que lleguemos a una situación de extrema gravedad por la resistencia manifiesta a acatar resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, porque ya se sabe que la ofensiva llegará a plantear acciones en contra de los tres magistrados que resolvieron de manera adversa a los intereses del pacto que promueve la Dictadura de la Corrupción en nuestro país.
El discurso del presidente Morales ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas fue un ataque frontal a la CICIG basado principalmente en apreciaciones que son falsas tal y como lo publicó ayer La Hora en un análisis en el que punto por punto se contrasta la realidad con lo dicho por el mandatario, análisis que hoy, por cierto, usó elPeriódico como base para hacer uno muy parecido. Y es que algunas de las expresiones fueron burdas falsedades achacando a la Comisión situaciones que son responsabilidad de nuestro mismo sistema de justicia, el que la CICIG propuso reformar junto a distintos sectores de la sociedad, iniciativa que se estrelló contra el muro del Congreso.
Mientras Morales hablaba en las Naciones Unidas, en Guatemala se presentaba una lluvia de recursos improcedentes, según la ley, contra la resolución de la Corte de Constitucionalidad utilizando justamente los argumentos que dieron a conocer en un medio digital los abogados vinculados con la cúpula empresarial a la que pareció adecuado el discurso presidencial, en lo que evidentemente es el primer acto para llegar a descabezar la CC, objetivo que vienen trabajando desde hace varias semanas con la reforma a la Ley de Antejuicio.
No cabe la menor duda de cuál es el camino escogido por el gobierno en las circunstancias actuales y desafortunadamente no hay buenos augurios porque el rechazo a lo dispuesto por el tribunal de control constitucional es improcedente toda vez que sus resoluciones pueden o no gustar a las partes y estas pueden agotar recursos, pero no pueden presentarse recursos improcedentes ni, mucho menos, hablar de resoluciones ilegales cuando las mismas están plenamente fundadas en derecho.
El discurso de Morales atacando de manera directa no sólo al Comisionado sino al Secretario General de las Naciones Unidas constituye un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país y coloca al gobierno en abierto desafío a la comunidad internacional y a la sociedad guatemalteca harta de tanta corrupción e impunidad.
