Claudia Escobar
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Cada año la Organización de Naciones Unidas realiza la Asamblea General, donde concurren los mandatarios de los países que integran la organización. En este foro se sientan -de tú a tú- los países pequeños junto a las grandes potencias mundiales. Es un espacio en el que se respeta el derecho de igualdad de los Estados, donde cada país representa un voto.
Durante la Asamblea General se tomarán decisiones que afectan a todos los Estados y el voto de los pequeños es determinante. Aquí se mide la capacidad de negociación e influencia de un Estado pequeño.
Este año el tema que se plantea es conseguir que las Naciones Unidas sean pertinentes para todos: liderazgo mundial y responsabilidades compartidas para lograr sociedades pacíficas, equitativas y sostenibles. Recordemos que uno de los objetivos de la ONU es promover la cooperación internacional en la solución de problemas económicos, sociales, culturales o humanitarios.
El sentido de la democracia a nivel internacional depende en gran parte de diversidad de Estados que participan en la toma de decisiones, en que se tomen en cuenta los distintos intereses, valores y puntos de vista de todos los Estados sin importar su tamaño. Para esto se requiere que los Estados más pequeños tengan habilidad para negociar y una formación diplomática de primer nivel. Solo de esa forma pueden incidir en que los temas de su interés sean puestos en la agenda de discusión.
Para algunos países pequeños de Centroamérica la participación en la Asamblea representa un verdadero desafío. A Daniel Ortega le sería difícil explicar la razón por la cual expulsó a los delegados de la misión de Derechos Humanos, por lo que prefirió no acudir a la Asamblea General. La incapacidad de Nicaragua de cumplir con los requisitos mínimos de un país democrático, le han llevado a aislarse de la comunidad internacional.
Por el contrario el presidente Morales fue el hazme reír de la Asamblea, con un discurso incoherente y contradictorio, al explicar el motivo por el cual no quiere renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala – CICIG–; cuando el mundo entero reconoce los logros de la CICIG en la lucha contra la corrupción. ¡No hay manera de justificar lo injustificable!
Guatemala sigue de cerca los pasos de Nicaragua al dar por terminado el mandato de la CICIG e ignorar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad -que son vinculantes-. De nada sirven todas las explicaciones de Morales ante la Asamblea si debilita el Estado de Derecho, pues el poder de los países pequeños se mide en la fortaleza de las instituciones, en la correcta y en la debida aplicación de la ley.
Nuestro país ante los ojos del mundo es un país miserable, donde más de la mitad de sus habitantes viven en pobreza o pobreza extrema. Un lugar violento, que obliga a huir a sus ciudadanos; en el que la justicia no existe y los niveles de impunidad son alarmantes. Rechazar la ayuda que la ONU nos ofrece para fortalecer las instituciones de justicia, no es cuestión de soberanía sino de estupidez.
