Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Hay cosas en Guatemala que solo viéndolas se creen y eso es justamente lo que pasa con lo que ahora, algunas voces y particularmente dos abogados afines al CACIF, están haciendo cuando sugieren que tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) pueden haber cometido una ilegalidad derivado del tardío voto que firmó Dina Ochoa. Voto que, por cierto, ellos saben que no cumplió con el artículo 181 de la Ley de Amparo.
Pero llama poderosamente la atención que muchas voces del sector privado organizado se han propuesto, casi como manía, acompañar a sus declaraciones (sin importar el tema) algo de la certeza jurídica en el país y por eso ahora no pasa desapercibido que manden a sacar la cara a dos de sus abogados para que alcen la voz y sugieran que lo de la CC no se debe acatar porque es ilegal.
Por cierto, siempre he estado de acuerdo con que en Guatemala debe existir plena certeza jurídica (que incluye también la del castigo) solo he agregado que esta certeza debe verse integralmente porque nunca nadie pueda alegar certeza cuando sus resultados son producto de la ejecución de requisitos y/o normas que no están en ley y eso complica a quienes desean hacer las cosas bien.
En buen chapín, quien pagó una mordida porque algún pícaro funcionario se la exigió, pues de lo contrario “no le daba nada”, es una víctima del sistema y de la falta de certeza, pero no puede alegar derechos adquiridos ni ignorancia de ley. Esas personas deberían ser los primeros interesados en que la cloaca cambie y es que es, justamente, por situaciones como la que describo que la realidad debe cambiar para allanar el camino de quienes desean jugar bajo reglas claras y aplicadas igual para todos.
Jurídicamente hay muchos argumentos para esbozar en torno a lo expresado por varios abogados porque algo que el Gobierno convino y el Congreso aprobó no puede ser obviado; la CC de oficio y en cualquier momento puede dictar un amparo provisional, revocarlo, cambiarlo o restringirlo. Ellos saben que tres magistrados, de acuerdo al artículo 178 Ley de Amparo, son mayoría absoluta. La CC y los jueces no ven tiempos políticos ni son espacios para propiciar el diálogo, la Corte Constitucional debe velar por la defensa del Orden Constitucional y eso no ha cambiado ni se ha dejado de enseñar en las aulas.
En este mismo espacio yo he criticado fallos de la CC y hasta la he llamado Corte Celestial, pero nunca he llamado a desobedecer sus resoluciones porque como abogado y guatemalteco que deseo un orden y el imperio de la ley, no puedo ser selectivo con su cumplimiento. Pensaba que Ríos Montt no debió ser inscrito, pero no por eso dije que había que desobedecer al máximo órgano constitucional. ¿Qué habría dicho Roberto Molina Barreto si los pueblos indígenas hubieran pedido desacatar a la CC cuando ampararon a Ríos Montt por el juicio de genocidio?
He sabido reconocer actuaciones importantes, incluso de quienes hoy sugieren que no se cumpla lo ordenado por la CC porque hay mucha gente preocupada y recuerdo la llamada que en su momento hice a Stuardo Ralón cuando fue uno de quienes presentó el amparo que evitó la inscripción de Sandra Torres. ¿Qué habrían dicho si Álvaro Colom dice que para evitar regaños y lo hecho en Cohesión Social, él y su exesposa no cumplían la resolución de la CC?
Para nadie es secreto que hay miedo y que las cosas del pasado, a algunos les preocupan o ya están enfrentando las consecuencias, pero sugerir el desacato a la CC es jugar con más que fuego y no va de la mano con el discurso de que Guatemala y los guatemaltecos debemos ser íntegros si queremos un futuro mejor.
Trabajemos en las salidas a las crisis sin que los acuerdos impliquen impunidad con la excusa de, como dicen algunos, “se pensó que no se estaba haciendo nada malo”.
