Francisco Cáceres Barrios
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Si entendemos por buena diplomacia la comprensión, la buena voluntad de diálogo y el entendimiento aplicados a las relaciones internacionales, por las actuales condiciones en que vive el país, resultó por demás contradictoria la actitud y comportamiento de la canciller Sandra Jovel para con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al exigirle con tono altisonante a su Secretario General que cumpliera con su misión de ser facilitador en la resolución de los requerimientos de uno de sus estados miembros, como darle un plazo perentorio para que proporcionara las opciones que tuviera para designar a un nuevo comisionado de la CICIG. De la ONU la respuesta no se hizo esperar, confirmó en su puesto a Iván Velásquez. ¿Y ahora qué, quisieran que con el viaje del presidente Morales se podrá cambiar tan firme postura?
Todo sigue confirmando que el berrinche del presidente Jimmy Morales surgió porque el señor Iván Velásquez, no en lo personal, sino en su carácter de Comisionado de la CICIG, haya cumplido con su deber de denunciar financiamientos ilícitos de su campaña electoral, como también a su hermano e hijo por otras razones. Más triste es comprobar todavía que las elementales normas de la diplomacia, buena educación y comportamiento tampoco fueron utilizadas por sus colaboradores, cuando el Artículo 12, del acuerdo entre la ONU y el gobierno guatemalteco para el establecimiento de la CICIG en Guatemala es más que explícito, al indicar claramente que toda controversia entre las partes se debe resolver por negociación o cualquier otro medio de solución mutuamente convenido. ¿Alguien podrá creer que fue una buena base “negociadora”, cuando el Ministro de Gobernación dijo altaneramente: “el ciudadano colombiano Iván Velásquez Gómez no ingresará a territorio nacional?
Para no seguir abusando de la paciencia de nuestra población que tuvo que soportar todo este tiempo a un elevado número de “analistas” e “intérpretes” de las resoluciones judiciales, en especial de la Corte de Constitucionalidad, me refiero solo a la imperiosa necesidad que sigue existiendo para que los funcionarios cumplan al pie de la letra los compromisos adquiridos al asumir sus cargos, para lo cual hay que recordarles que son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella y que así, como están al servicio del Estado y no de partido político alguno, tampoco debieran estar sujetos a los berrinches personales de nadie.
Por favor, no sigan olvidando que la soberanía y el poder radican en el pueblo, como que ninguna persona, sector, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Los ciudadanos que hemos estado anuentes a combatir la corrupción y la impunidad en nuestro país lo hemos hecho con estricto apego a las leyes o convenios que nos rigen, por lo que es de esperar, de quienes solo buscan satisfacer sus intereses personales, hagan lo mismo o ¿el decir que nunca tomarían decisiones violatorias al orden constitucional fue otra promesa más incumplida?
