Carlos Figueroa Ibarra
Hay en un sector de mis amigos de la izquierda, escepticismo con relación a la lucha por la permanencia de la CICIG, por el regreso a Guatemala de Iván Velásquez. El argumento es: la pugna alrededor de la CICIG en realidad no es un conflicto entre una minoría de políticos corruptos y un importante sector de la ciudadanía harto de la corrupción. En realidad es la pugna entre dos sectores de la oligarquía guatemalteca. Uno de estos sectores sería la oligarquía modernizante corporativa encabezada por Dionisio Gutiérrez y la otra católica, atrasada, terrateniente antaño dirigida por el extinto Álvaro Arzú. Por ello, estar apoyando a la lucha contra la corrupción y por permanencia de la CICIG sería un error. El apoyo a la CICIG y a la lucha contra la corrupción formaría parte de las agendas del sector modernizante de la oligarquía y de la Embajada de los Estados Unidos de América. Washington ha usado la bandera de la corrupción para judicializar la política, encarcelar o abrirle procesos a políticos progresistas o para derrocar por un golpe parlamentario espurio a la presidenta Dilma Rousseff.
Me parece que la argumentación, principalmente presentada por mi querido amigo Mario Roberto Morales, tiene un núcleo de verdad. La lucha contra la corrupción, concretamente contra la penetración en el Estado del crimen organizado, en efecto forma parte de la agenda de la Casa Blanca. La CICIG había estado apoyada por Washington hasta hace unas dos semanas cuando empezamos a observar una actitud ambigua por parte de la administración Trump, quien a través de su Secretario de Estado empezó a hablar de una renovación o reinvención de la CICIG. Y también es cierto que hoy existe un naciente proyecto popular con viabilidad como lo es el expresado en el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y el naciente Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Por primera vez en mucho tiempo, la izquierda tiene la oportunidad de apoyar un proyecto que no sería un vagón de carga de un proyecto de la derecha oligárquica.
No obstante, lo razonable que puede parecer lo anterior, no puedo sino expresar mis dudas con respecto a dicho planteamiento. En primer lugar, no le encuentro sentido a ser indiferente con respecto al destino de la CICIG. Independientemente de que sea cierto o no que tiene una agenda estadounidense, el hecho es que dicha Comisión ha tenido un papel progresivo en Guatemala. Ha hecho una alianza con el Ministerio Público con efectos positivos que hubiesen sido impensables en Guatemala si la referida CICIG no hubiese existido. Tampoco veo motivos para pensar que sería deplorable que Jimmy Morales sufriese la suerte del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass o de los expresidentes brasileños Dilma Rousseff o Luiz Ignazio Lula da Silva. Morales no es lo mismo que ellos.
Con un Estado podrido, una derecha extremista que agita banderas ultraderechistas contra la CICIG y una clase política corrupta que vería con alivio la defenestración de dicha comisión, me parece sensato luchar contra la corrupción y por la referida CICIG.