Arlena Cifuentes
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Durante los últimos días tanto el Gobierno como el Congreso han articulado una serie de mecanismos, pretendiendo con ello frenar la aplicación de la justicia, con el único objetivo de favorecer los intereses particulares de quienes han sido señalados por actos de corrupción, entorpeciendo con ello las investigaciones judiciales. Se trata de frenar a toda costa la lucha contra la corrupción y la impunidad, no importando sus consecuencias. Por su lado, el Congreso empeñado en tomar el control de los procesos de antejuicio de funcionarios que gozan de inmunidad y cuyo objetivo fundamental es favorecer al grupo conocido Pacto de Corruptos y a sus aliados en ese Organismo del Estado.
Es durante la presidencia de Oscar Berger que el Gobierno solicita a la ONU la creación de un ente que pueda apoyar en la lucha en contra de las mafias incrustadas en el Estado. A partir del 2015, la CICIG toma beligerancia al poner en evidencia el Caso La Línea. La pasividad e indiferencia de Naciones Unidas ante los requerimientos del Ejecutivo para dialogar sobre las competencias de la CICIG, hace un año, lo llevaron a tomar medidas desesperadas como las recientemente asumidas, entre otras adoptar la decisión de la no renovación del Convenio que da vida a la CICIG.
Las declaraciones de los últimos días definen claramente que es la persona de Iván Velásquez el objeto de la animadversión del Gobierno. Argumentando que su presencia significa una amenaza en contra de la seguridad nacional; así como se le acusa de ser un elemento que genera polarización en el país, lo cual no puede ser posible, ya que nadie en lo individual puede constituirse en una amenaza en contra de la seguridad pública. En adición, se considera que tanto las competencias de la Institución como los excesos que la misma pudiera haber cometido generaron tal malestar al punto de vedarle el ingreso al país al Comisionado. El secretario de Estado del Gobierno de Estados Unidos, Michael Pompeo, ha manifestado por su parte “el apoyo continuo de los Estados Unidos por una CICIG reformada”, estas reformas debieran ser competencia del Gobierno electo que tome posesión en enero del 2020. Por otra parte, el Sr. Pompeo también ha expresado el compromiso de continuar trabajando en la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como en la implementación de dichas reformas el próximo año.
La antipatía por la CICIG tiene su origen cuando salen a luz pública las implicaciones del hijo del Presidente y su hermano al haber sido señalados de recibir adjudicaciones de eventos con el Registro General de la Propiedad, sin embargo, lo que rebalsa el vaso son las acusaciones hechas por el Ministerio Público en su contra por financiamiento electoral ilícito como Secretario General de FCN-Nación.
El Estado de Guatemala pidió que se instalara esta Comisión, la cual, de común acuerdo, con Naciones Unidas se estableció. Ahora bien, nos guste o no, es potestad del Presidente prorrogar o no el Convenio. Hace un año la ONU fue llamada a realizar una revisión sobre la gestión de la CICIG, pero dicho llamado no obtuvo respuesta. Este organismo pudo haber reencausado el accionar de la CICIG, sobre la base del diálogo, tomando en cuenta las molestias, que ya en aquel entonces, se hacían evidentes al declarar al Comisionado Non Grato. Nadie fue capaz en aquel entonces de visualizar los riesgos e implicaciones que esto conllevaría. Guatemala no está lista para darse el lujo de prescindir de la CICIG en la lucha en contra de la corrupción y la impunidad.
