Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
@ppmp82
Si algo puedo decir con propiedad es que durante los últimos años de mi vida, además de ser un feliz esposo, un agradecido papá, abogado y periodista, me he dedicado a escuchar a diferentes guatemaltecos de todas las clases, de diferentes orígenes sociales y territoriales porque entendí que para construir un país diferente eran necesarios acuerdos mínimos y para lograrlos era vital encontrar los puntos en torno a los que se podía construir el futuro.
He escuchado y visto mucho. Desde aquellos que con lágrimas en sus ojos cuentan su historia, pero reafirman su deseo de seguir adelante, hasta aquellos que piensan que el problema de Guatemala es que no cabemos todos en el mismo espacio. Ha sido un proceso apasionante, pero ha requerido tiempo, paciencia y apertura de mente para entender que tener posturas distintas con quien razonablemente se puede debatir, no significa que ellos o yo seamos más o menos guatemaltecos o queramos más o menos al país.
Dicho lo anterior, puedo decir que hubo un momento reciente en el que Guatemala tuvo la oportunidad de iniciar la ruta de un cambio integral para empezar ese camino tan soñado de un país más justo e incluyente pero, lastimosamente, la desperdiciamos.
Quien razonablemente sabe debatir con argumentos (y no solo repitiendo mentiras que desean convertir en verdad) entiende que la manera en la que funciona, opera y se reproduce nuestro sistema conlleva un colapso inerte que hace inviable el modelo para construir un país en el que todos juguemos bajo las mismas reglas. Ha sido rentable para unos pocos, terrible para las mayorías y complicado para quienes hacen las cosas bien.
De esa cuenta que mucha gente habla de la necesidad de reformas estructurales, como por ejemplo, la reforma al Sector Justicia, al Sistema Penitenciario, a todo el sistema de ejecución del gasto y rendición de cuentas, al Sistema de Servicio Civil, al tema electoral. Hay un entendimiento real de que necesitamos cambios en la matriz de Salud, Educación, seguridad y desnutrición para poder empezar a hacer inversiones en la gente y en donde el Estado de forma eficiente, debe jugar un rol importante para dar pescado (sujeto a obligaciones medibles y verificables de los receptores) solo mientras se enseña a pescar, sabiendo que es un proceso que toma tiempo, pero que si no arranca ya, pasarán más años de rezago.
Y alguien, hace unos días, me preguntaba en Estados Unidos, “entonces ¿qué falló?” Y mi respuesta fue la incapacidad de algunos para entender que errores (algunos tipificables como delitos) podemos cometer todos y que por muy doloroso que fuera el camino, era la ruta correcta para iniciar a enderezar a este país, olvidándonos del famoso “pero es que así se hacían las cosas”.
La penúltima vez que vi al presidente Jimmy Morales fue en su despacho, estábamos mi padre y yo junto con el mandatario y su hijo, y fue tras haber vivido la situación de mi sobrino que llevó un arma al colegio. Nos disculpamos por la forma en la que manejamos editorialmente y en columnas el caso de su hijo reconociendo que nos dejamos llevar por las pasiones cuando nos llamó faferos (a La Hora de forma específica) y le agradecimos su gesto de haber llamado para solidarizarse cuando estábamos pasando el proceso judicial de mi sobrino en familia y hablamos de esa necesidad de enfrentar las cosas.
Hay veces que uno en la vida puede tratar de entender algo, pero es difícil si no se ha vivido y ese no es mi caso en torno a lo que significa enfrentar la justicia. Sé que no es fácil pero en mi familia seguimos el camino que marcó mi sobrino, quien con entereza dijo “cometí un error que es delito y debo enfrentar las consecuencias”. Fuimos al MP de manera voluntaria y desde ese momento se reconocieron los hechos. Llevamos su proceso ante juez, fuimos a la primera audiencia con la incertidumbre de si regresaba con nosotros o no, luego esperamos el momento procesal para que se acogiera al procedimiento abreviado (en el que se aceptan los hechos y la responsabilidad), fue condenado, cumplió lo que mandó el juez y siguió su camino por la vida sin olvidar lo pasado, usándolo para tratar de ser cada día mejor.
No fue fácil. Las redes sociales hicieron su trabajo (algunos dando la cara dieron su opinión y se respeta) y otros tantos usaron los mecanismos que permiten decir mentiras de forma anónima. Su proceso se retrasó porque la jueza se excusó de inicio, pero no fue aceptada por la Sala, luego el Inacif no logró entregar a tiempo el peritaje y se movió la audiencia, lo que hizo necesario controlar la natural ansiedad. Cuando ya iba a ser la audiencia se movió de nuevo una semana más porque la jueza debió ir al IGSS. Cinco meses difíciles lidiando con nuestras metas de que mi sobrino siguiera su curso para bien y lidiando con las realidades del Sistema de Justicia que todos, por acción y omisión, hemos construido.
¿Por qué cuento esto? Porque creo que lo que ha generado esta terrible situación de país es por la incapacidad de aceptar que nos hemos equivocado y que eso debe tener consecuencias. Que cae mal esa situación porque solo unos enfrentan la justicia y otros no, claro; cuántos hay que no han enfrentado la ley por sus hechos, pero eso no hacía que mi sobrino debiera ser excusado de su conducta.
Y en este proceso de transición se ha dicho que lo que se busca es venganza y eso es falso. Aplicar justicia nunca puede ser un proceso de venganza cuando las acusaciones se sustentan y se lleva el proceso que manda la ley y, además, se han planteado mecanismos alternativos para enfrentar los procesos y ese deseo de impunidad de algunos ha matado los esfuerzos.
La Ley de Aceptación de Cargos es un camino para enmendar reconociendo el valor de quien se sabe que cometió un error tipificable como delito y desea reconstruir, reconstruirse y seguir adelante. Reformas al delito de financiamiento electoral, por ejemplo, que permitían evitar la cárcel pero no una condena a quienes decidieran reconocer, son otro ejemplo y hasta Morales tendría una salida que le evitaría la prisión. En lugar de eso, algunos han pactado con los diputados y han buscado amnistías como la de septiembre de 2017 o han optado por entrampar todo en busca de esa ventana de impunidad.
Había y sigue habiendo opciones, pero algunos apostaron por el camino de que enfrentar la justicia no era lo de ellos y encontraron sus acuerdos mínimos con otras personas con las que se compartían preocupaciones y, en algunos casos expresa y en otros tácitamente, se han conjurado que es mejor sufrir como país que de manera personal un proceso penal y han alentando a quienes están en el proceso de derribar las cosas para que no haya tales ante la justicia.
Por eso es que lo que hicieron algunos sindicados en el Caso de Construcción y Corrupción es importante y he creído que como sociedad no le hemos dado el valor que tiene y lo difícil que fue para ellos tomar ese camino duro, pero gratificante.
A esta crisis la única salida parte por el proceso de vernos para adentro y aceptar qué hemos hecho bien y qué se ha hecho mal y eso va para todos los guatemaltecos de todas las clases sociales. Quien crea que sus acciones no son delito tiene el derecho de “pelearlo” en un proceso llevado de acuerdo a la ley, pero no se vale maniobrar para no enfrentar la justicia, luego alegar los vicios del sistema y por último apoyar directa o solapadamente un peligroso retroceso nacional.
En otras palabras, ninguna salida a esta crisis puede arrancar del punto que lo que se busque sea impunidad, regresar las cosas al pasado y consolidar un modelo que está en riesgo, pero que ha sido la razón por la que no hay mejor mercado, el motivo por el que no hay más mano de obra calificada, la razón por la que nuestra gente es el principal producto de exportación, la explicación de por qué las cosas son tan difíciles para quien desea hacerlo bien y la razón de nuestros terrible indicadores sociales.
Habrá salida a la crisis cuando quitemos de la mesa la impunidad como punto de partida. Muchos no queremos que la gente se queme en una hoguera, pero tampoco se quiere que Guatemala siga siendo el país de la eterna no consecuencia y la falta de certeza de castigo que conlleva a la falta de certeza jurídica.
