Raúl Molina
La ciudadanía ha venido exigiendo la renuncia de Jimmy Morales por sus constantes ilegalidades y abusos de poder, así como por las evidencias de corrupción durante su campaña electoral y ya en el ejercicio de su cargo –“bono de responsabilidad”, compras extravagantes de la SAAS, viajes y gastos de él y su familia y ejecuciones de presupuesto reñidas con la ley– como uno más de los dictadorzuelos de América Latina y el Caribe. Debió haber renunciado desde hace más de un año, pero prefirió vender la soberanía nacional a Donald Trump, comprar en el país a altos jefes militares y llenar con gente incondicional la cúpula de las policías. Para detener las investigaciones sobre Morales y miembros de su entorno, el Pacto de Corruptos ha defendido la inmunidad presidencial, convirtiéndola en impunidad. Su choque frontal con la CICIG se debe a que la razón de ser de esta entidad internacional, voluntariamente aceptada por el Estado de Guatemala, es parar la impunidad por los delitos del pasado, pasado reciente y actualidad. Así, ha logrado el apoyo de los responsables de crímenes de lesa humanidad, corruptos y corruptores de toda calaña, y jerarcas antidemocráticos de Estados Unidos, que ahora se pronuncian por una “CICIG reformada”, es decir, una que persiga a la UNE y no al FCN-Nación, expresidentes sin tocar al Presidente en funciones, y la gente en el listado de la “fundación pro terrorismo de Estado” y no a los responsables del genocidio y la “tierra arrasada”. Los pasos más recientes colocan a Jimmy en la ilegalidad e inconstitucionalidad. Las acciones el 31 de agosto, que fueron precedidas por manipulaciones de Degenhart para debilitar la protección de la CICIG y las de Jovel para intentar quitar el apoyo internacional para la misma, consumaron un golpe de Estado técnico, otro “golpe blando” del imperio.
Debemos exigir la renuncia de Jimmy Morales como fórmula política y pacífica de derrotar este golpe de Estado. Pero, carente de ética y dignidad, el mandatario no acatará “medidas legales” que le sean contrarias. Por ello, la ciudadanía debe proceder a su expulsión, como se hizo en Egipto, durante la “Primavera Árabe”, pese a que su gobierno gozaba del apoyo de Estados Unidos. Para ello, grupos organizados del movimiento social y popular convocan a manifestaciones constantes y diversas –nos alegra saber que Quetzaltenango decretara que Jimmy Morales es indeseable ahí– dentro y fuera del país, que deben hacerse cada vez más grandes. Asambleas de estudiantes universitarios convocan ya a reeditar las “Jornadas de marzo y abril de 1962”, actualizadas al siglo XXI. Aparte de las importantes movilizaciones de la población, debemos producir un paro nacional –sin transporte, sin trabajadores, sin estudiantes, sin pago de impuestos– y la suspensión temporal del envío de remesas. Quizás Jimmy pueda resistir breve tiempo; pero los empresarios no pueden perder sus negocios. Tampoco Trump desea una parálisis en Guatemala, cuando aún no sabe cómo atender las crisis provocadas por el imperio en otras partes. Para Washington, Jimmy Morales no vale la inestabilidad de Centroamérica.
