Carlos Figueroa Ibarra
El viernes 31 de mayo de 2018 llegó una noticia alarmante mientras me encontraba en la aldea Las Tunas en el departamento de Jutiapa en Guatemala. Un grupo de vehículos militares transitó por las calles de la ciudad capital y se apostó en las cercanías de la sede de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Luego, el presidente Jimmy Morales rodeado de tres de sus funcionarios civiles y un nutrido grupo de jefes militares y policiacos, anunció que no renovaría el mandato de la CICIG cuando este se venza en septiembre de 2019. La escenografía en las calles y en el Palacio Nacional, nos recordó a muchos, a las dictaduras militares y en particular alguna alocución del dictador Efraín Ríos Montt. Se rumoró que el propósito era sacar del país al comisionado Iván Velásquez y suspender la Corte de Constitucionalidad. En suma dar una suerte de autogolpe. Con motivo de la visita de un grupo de Marines estadounidenses, el despliegue de vehículos se volvió a observar. Todo esto sucedía, mientras en Nicaragua el presidente Ortega realizaba un acto similar: la expulsión de la misión de Derechos Humanos de la ONU.
La parafernalia militar usada por Jimmy Morales se hizo para amedrentar a las protestas que vendrían por las decisiones. Estas decisiones, unidas a el proceso de aprobación de la Ley de Antejuicios, son parte de la contraofensiva lanzada por la parte de la clase política, sectores de empresarios y del ejército, para protegerse de las acciones anticorrupción que han sido llevadas a cabo por el Ministerio Público sustentadas en las investigaciones de la CICIG. El llamado “Pacto de Corruptos” está contraatacando y apela demagógicamente a la soberanía nacional y a las fuerzas más conservadoras. No fue una ocurrencia que en su discurso en el Palacio Nacional anunciando la suspensión de la CICIG, el presidente Morales aludiera que su gobierno estaba “por la vida y por el matrimonio entre hombres y mujeres”. Esto sucedía en las vísperas de la concurrida manifestación que con estas banderas se observó el domingo 2 de septiembre.
Probablemente la intervención diplomática encabezada por los Estados Unidos de América, abortó las pretensiones iniciales del gobierno de Morales. Pero ya se ha emitido la prohibición del ingreso de Velásquez al país y la Ley de Antejuicios está en proceso de aprobación ante el beneplácito de buena parte de los diputados. De aprobarse esta Ley, será el Congreso de la República quien decida si procede o no el antejuicio y se le quitará esa facultad a la Corte Suprema de Justicia. Además será 105 el número mínimo de diputados que tendría que aprobar un antejuicio, número que de no lograrse provocaría el archivo definitivo del expediente.
He escrito que la decencia y la corrupción no tienen ideologías. Hoy observamos en Guatemala lo que ya sucedió en México: la lucha contra la corrupción es una bandera transversal que traspasa la geometría política. Sectores de derecha e izquierda están apoyando tanto al bando de los corruptos que se están defendiendo, como al bando que lucha por extirpar ese cáncer que devora a la vida pública. Hoy esa es la disyuntiva que la política enfrenta en Guatemala.
