Emilio Matta Saravia
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Después de los acontecimientos de los pasados días que incluyeron movilizaciones militares, la conferencia de prensa del presidente Morales donde indicaba, entre otras cosas, que no renovará el mandato de CICIG, la expulsión de Iván Velásquez del territorio nacional, entre otros hechos, considero conveniente hacer algunas reflexiones de lo sucedido.
La actual situación económica que atraviesa el país se le endilga, principalmente, a la CICIG por los casos que ha ayudado a llevar a los tribunales (recordemos que la CICIG no tiene la facultad de realizar acusaciones en nuestro territorio, el ente facultado para hacerlo es el MP) y que, de acuerdo con un sector de la población, han paralizado las inversiones en nuestro país. Este argumento, no solo es falso, sino que evidencia desconocimiento sobre la materia por parte de quienes lo pregonan. Las causas de que nuestra economía se encuentre tan deteriorada y que tenga un crecimiento pírrico son sistémicas, no coyunturales, y se deben, primero, a la existencia de un marco legal inadecuado que no sólo ha sido diseñado para que un grupo de políticos, en contubernio con sus financistas de campaña y con quienes estén dispuestos a pagar su precio, puedan aprovecharse de sus puestos para la eternidad, sino que también se diseñó para ahuyentar inversiones extranjeras serias que buscan verdadera certeza jurídica e institucional como la que tienen en sus países (algo que no ocurre en nuestro actual sistema), segundo, a la falta de nutrición, salud y educación de por lo menos la mitad de la población que no nos permite tener mano de obra calificada para tener acceso a mejores oportunidades laborales que a su vez permitan mejorar sus ingresos para así tener un mercado interno fuerte, y tercero, a una deficiente y deterioradísima infraestructura en puertos, carreteras y comunicaciones que no nos permiten ser el centro fabril de valor agregado y logístico que deberíamos ser para acceder al mercado estadounidense y que por ende no atrae la inversión extranjera que queremos. Y si se quiere culpar a factores coyunturales, la disminución de precios del café y azúcar aunado al incremento de los precios del petróleo sí tiene un impacto negativo en la economía. En conclusión, la CICIG no es culpable de nuestros males económicos y en cambio sí ha logrado llevar a los tribunales de justicia casos importantes de corrupción.
En cualquier república del mundo civilizado no solamente es un derecho, también es una responsabilidad ciudadana cuestionar el actuar de los gobernantes. Únicamente en regímenes autoritarios (como los de Maduro y Ortega) no estar de acuerdo con el gobierno es considerado un acto de sedición. Es esto último lo que se le ha querido imputar a varios ciudadanos quienes, con acciones ejecutadas bajo el marco legal del país, han intentado detener decisiones erróneas del gobierno en el combate a la corrupción. Sumado a lo anterior, el empoderar a un gobernante a tomar acciones represivas contra la ciudadanía por el solo hecho de manifestar su descontento de forma legítima y legal, es encaminar a nuestro país en la ruta del totalitarismo (ejemplos abundan en nuestro continente), es decir, retroceder cuarenta años.
Se vienen tiempos difíciles, preocupantes, en los cuales se exacerbará la “guerra ideológica” del combate a la corrupción, el gobierno continuará con acciones cada vez más fuertes para contrarrestar el descontento popular. Estar atentos y vigilantes no es suficiente, expresar nuestro descontento y actuar, siempre bajo el marco de la legalidad, es la ruta a seguir.
