La reforma a la Ley de Antejuicios fue cuestionada ayer por el diputado Oliverio García Rodas, quien señaló inconstitucionalidades en el proyecto que avanza para su aprobación final en el Congreso de la República. Y es que hay que entender la intención de los ponentes y de los diputados que la impulsan, en el sentido de que no tiene otro fin que el de evitar el filtro jurídico y legal que constituye la obligación, actual, de que los antejuicios contra los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad y el Procurador de los Derechos Humanos sean tramitados en la Corte Suprema de Justicia que determina si se trata de acciones justificadas o simplemente de acusaciones infundadas o espurias.
Tanto así que ayer mismo el pleno de la Corte Suprema de Justicia, que no se puede considerar como un órgano ajeno a los poderes de la Dictadura de la Corrupción, rechazó “in límine” el antejuicio planteado contra los magistrados Gloria Patricia Porras Escobar, José Francisco De Matta Vela, Bonerge Amílcar Mejía Orellana porque la CSJ no podía obviar el análisis jurídico de la acción presentada y constatar su carácter espurio. Ese mismo antejuicio, sin el filtro correspondiente, hubiera caído como anillo al dedo a los diputados para tramitarlo de manera exprés y de esa forma proceder a las capturas para descabezar el órgano contralor de la legalidad que ha impedido varias barrabasadas.
Es patética la forma en que se usa el antejuicio en Guatemala como parapeto de impunidad para unos y, según la perversa intención mostrada, también como guillotina para descabezar poderes del Estado que puedan desalinearse de la Dictadura de la Corrupción que se enseñorea en el país. Y se hace con igual desfachatez una cosa y la otra porque no hay ya siquiera elemental recato para el manoseo de nuestra legalidad.
Por eso es que hemos insistido en que el antejuicio debe desaparecer por completo de nuestra legislación para evitar que sea instrumento de impunidad o elemento para castigar a los que no se alinean con los poderes corruptos. La igualdad ante la ley tiene que ser un elemento indispensable de la vida republicana y en la actualidad estamos viendo cómo se esgrimen sinrazones para facilitar su utilización con malévolas intenciones.
El respeto a la legalidad tendría que ser elemento fundamental en el ejercicio del poder, pero estamos viendo claramente que ese valor fundamental de la democracia es ajeno al comportamiento de nuestros políticos que, velando únicamente por el derecho de su nariz, no vacilan en actuar de forma torcida para asegurar sus funestos planes.
