Según la Constitución de la República, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los poderes del Estado, lo que significa que ninguno de ellos puede atribuirse poderes absolutos ni ejercerla de manera arbitraria. Mediante el sistema de pesos y contrapesos, además del ejercicio del sufragio que genera un mandato que obliga al mandatario; el poder tiene límites que deben ser respetados por quienes, por esa delegación de soberanía, administran la cosa pública.
Guatemala ha caído en una situación de ejercicio arbitrario del poder mostrado gráficamente el pasado viernes cuando rodeado de la fuerza pública, el presidente Morales compareció ante la población para decretar sus medidas contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. Pese a la existencia de una resolución de la Corte de Constitucionalidad amparando la presencia de la CICIG y de su Comisionado en el país, el mandatario procedió de manera arbitraria y con lujo de fuerza, no sólo en el salón donde se presentó, sino en las calles y frente a la misma sede de la Comisión Internacional y de algunas embajadas.
El conflicto de interés del presidente Morales es más que obvio. Él mismo es uno de los sindicados por el trabajo de la CICIG en las investigaciones sobre financiamiento electoral ilícito y está sometido ya a un antejuicio que, por cierto, el Congreso conocerá cuando San Juan baje el dedo. La obstrucción de la justicia es evidente y no puede ponerse en duda porque siendo él uno de los sindicados se manifiesta su resistencia a enfrentar su situación legal como corresponde y aunque goza de la complacencia de un Ministerio Público que se conforma con decir que está “vigilante”, no puede ocultar su clarísima intención de obstruir el avance de la justicia.
La Constitución establece mecanismos para evitar el ejercicio arbitrario del poder, pero es evidente que la Dictadura de la Corrupción está moviendo aceleradamente sus piezas para descabezar esos instrumentos de control y ayer emprendieron el camino para separar de sus cargos a magistrados de la Corte de Constitucionalidad con la intención también clarísima de consolidar la obstrucción de la justicia y el ejercicio arbitrario del poder.
La ruta que lleva el país es sumamente grave y la ruptura del orden constitucional está a las puertas si se produce un manotazo tipo Serrano contra la Corte de Constitucionalidad. Vivimos horas críticas y no se puede apelar al uso de la razón cuando estamos gobernados por la sinrazón que se deriva de la hegemonía de un grupo aliado por los intereses de la corrupción.
