Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Una vez más las decisiones del presidente Morales acapararon la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales, tras anunciar la decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- y terminar así con el apoyo más eficiente de fortalecimiento institucional en el ámbito de justicia, además de prohibir el ingreso al país del comisionado Iván Velásquez.
Sabiendo de antemano que la disposición sería rechazada por gran parte de la población, el funcionario recurre a las fuerzas de seguridad -militares incluidos- para que lo respalden. A la vez, busca intimidar a la población haciendo circular por la ciudad vehículos militares, con los que rodeó la sede de la CICIG y de la Embajada de Estados Unidos el viernes 31 de agosto. La escena resulta perturbadora en un país en el que la Guerra Fría dejó miles de muertos. Amenazar a los ciudadanos con el uso de la fuerza militar es un acto de bajeza y cobardía.
Morales argumenta que después de diez años de funcionamiento, es momento que la Comisión se retire del país. Afirma que la CICIG se ha excedido en su mandato, ha promovido la justicia selectiva y violado la independencia judicial. Aunque según el convenio de creación, el Presidente de la República es quien tiene la facultad de renovar el mandato de la Comisión cada dos años, su opinión carece de objetividad y legitimidad al ser él, su familia y sus más cercanos colaboradores objetos de investigación por diversos temas relacionados con la corrupción.
Durante la gestión de Iván Velásquez, la CICIG junto con el Ministerio Público han presentado denuncias por hechos delictivos cometidos por presidentes (Morales, Pérez Molina y Colom), ministros, diputados de distintos partidos políticos, militares, jueces, así como de otros funcionarios; empresarios poderosos y personajes de influencia que han utilizado su posición para promover la corrupción. Se entiende que todos ellos hayan conformado frente común contra cualquier esfuerzo que busque fortalecer la justicia.
Desarticular la CICIG es solo el primer paso para destruir la institucionalidad, pues los sujetos investigados buscarán -a toda costa- que sus actos queden en impunidad. En la guerra por la legalidad, las Cortes son el último bastión contra la corrupción. Desbaratar las instituciones de justicia es el paso siguiente para tener el control absoluto del poder. Sin equilibrio de poderes los ciudadanos quedarán desprotegidos.
Existen herramientas legales para revertir las acciones realizadas por Morales en contra de la CICIG y del Comisionado Velásquez. En las próximas horas veremos una lluvia de amparos que tendrán ocupadas a las Cortes en las próximas semanas, mientras los delincuentes tratarán de manipular la justicia. Se hace necesario defender la independencia de los jueces; pues como señala el magistrado Stephen Breyer, de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos: “La defensa de la independencia judicial requiere del apoyo -no solo de la justicia y de los abogados- sino también de los habitantes de las comunidades donde los jueces sirven.»
Tenemos que proteger a los jueces, pero también exigirles que actúen con total imparcialidad y cumplan con defender el orden constitucional. Nuestra historia está marcada por golpes de Estado y abusos de poder. Hace 25 años, en un contexto similar, fue la Corte de Constitucionalidad quien evitó que el presidente Serrano Elías concretara un golpe de Estado y destruyera los escasos avances democráticos que habíamos obtenido. Ahora, más que nunca, es momento de velar por la independencia judicial. Es en las Cortes donde nos jugamos el futuro del país.
