Adrián Zapata
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Ya hay quienes se están refiriendo a las desafortunadas decisiones tomadas por el presidente Jimmy Morales como el “Moralazo”. Sin duda, el Ejecutivo ha creado una crisis política y alimentado peligrosamente la polarización existente, la cual, lamentablemente, gira en torno a los que están en contra o a favor de la CICIG, particularmente don Iván Velásquez, o del Presidente. Pareciera que ese conflicto, planteado en términos personales, condensara la problemática nacional, invisibilizando los múltiples aspectos de fondo que deben transformarse (sistema de justicia e institucionalidad electoral, así como desigualdad, pobreza, exclusión).
Posiblemente Jimmy Morales, en el marco de su estrecha visión política, orienta sus acciones motivado por aspectos subjetivos. Es una defensa personal de él y de su familia, pues son señalados de cometer actos delictivos por parte de la CICIG. Pero Jimmy Morales no está solo en esta perversa cruzada. Atrás de él están los sectores que resisten la lucha contra la impunidad y la corrupción e intentan mantener el status quo, con un Estado cooptado por estructuras políticas corruptas.
Bajo la conducción de Iván Velásquez, la CICIG redefinió los CIACS, priorizando de esa manera su accionar contra esas estructuras político criminales que han cooptado al Estado guatemalteco. Esta decisión lo ha enfrentado con redes criminales que han actuado desde hace muchos años, las cuales pretende desarticular.
Las estructuras afectadas están librando una lucha trascendental para sus intereses. Es ahora o nunca. Tienen que revertir los logros alcanzados en la lucha contra ellos o terminarán, no sólo perdiendo el control del Estado, sino que también procesados penalmente. En ese intento están quemando naves, al extremo de enfrentarse directamente con las Naciones Unidas. Todo indica que han violado el convenio suscrito entre el Estado de Guatemala y la ONU para la creación de la CICIG. La misma declaración del Ejecutivo indica que han hecho todas las gestiones para lograr el retiro, por parte de Naciones Unidas, del Comisionado Velásquez y que no lo han logrado, razón por la cual, amparados ahora en supuestas razones de seguridad nacional, impiden su ingreso al país y solicitan sea nombrado un nuevo Comisionado. Es decir que flagrantemente violan el Artículo 12 del convenio citado y deciden actuar de manera unilateral. El Secretario General de la ONU ha reaccionado manteniendo a Velásquez al frente de la CICIG, aunque permaneciendo en el extranjero. Está claro que dicho organismo internacional no acepta la decisión del presidente Morales y remite la solución de la controversia a lo estipulado en el citado Artículo del Convenio.
A nivel nacional, es trascendental la decisión de la Corte de Constitucionalidad, al resolver el amparo presentado el año pasado, el cual impidió la declaratoria de non grato del Comisionado y su expulsión del país. Y es trascendental no sólo porque invoca aspectos de forma (actuar presidencial sin el acompañamiento de sus ministros), sino porque también refiere la observancia del Artículo 12 que establece la vía para solucionar controversias entre las partes (Naciones Unidas y Estado de Guatemala).
En estos momentos, cada hora es relevante. El interés nacional demandaría una rectificación del actuar del Ejecutivo, en términos de someter su pretensión al mecanismo contemplado en el Acuerdo mencionado y rectificar su actuar unilateral.
Si el Presidente continúa en la línea que hasta ahora ha transitado, la perspectiva es de profundizar la crisis institucional, de incrementar la polarización y hasta de quebrantar el orden constitucional. Hay que evitar que el “Moralazo” se consuma.
