Adolfo Mazariegos
Cuando en un régimen democrático se cometen excesos y abusos en el marco del ejercicio del poder público (gubernamental), ello sólo puede deberse a una de dos razones (o a una hibridación de ambas). La primera de ellas es ‘la ignorancia’, entendida esta como el desconocimiento de los valores y principios en los cuales se sustenta la Democracia, algo que suele resultar en una realidad peligrosa en virtud de que el ejercicio del poder gubernamental es un asunto serio mediante el cual se puede beneficiar o afectar, según sea el caso, a millones de ciudadanos que en su conjunto se constituyen en uno de los elementos indispensables para que el Estado actual exista y sea considerado como tal. Saber cómo funciona el Estado y la forma de administración adecuada en función de las características particulares de cada país, por lo tanto, es indispensable e imperativo. Pero, cuando se desconoce de administración pública, de teoría política, de economía y del contexto tanto local como global (entre otros importantes tópicos), el asunto suele complicarse, tal como se ha evidenciado en reiterados casos con nefastas consecuencias en países diversos a través de la historia reciente. La segunda razón es ‘la corrupción’, en sus distintas manifestaciones e incluyendo la mala intencionalidad. Un mal que durante los últimos años pareciera haberse extendido notablemente (o por lo menos, se ha hecho más evidente) permeando a gobiernos y Estados de distintas tendencias y con distintos grados de desarrollo, razón por la cual dicho mal no puede ser atribuido a una corriente de pensamiento en particular en el sentido de que no puede aseverarse que sea producto de ideologías, sino, en todo caso, de intereses particulares, personalistas o sectoriales, pero no sociales. En ese sentido, se han visto ejemplos en los que gobiernos sucesivos, uno de derecha y otro de izquierda -o viceversa-, han padecido la misma afección de forma consecutiva y con resultados prácticamente iguales o bastante similares, afectando las estructuras y los elementos constitutivos de sus propios Estados. Los abusos y excesos en el ejercicio del poder suelen traer aciagas consecuencias, cuya reversión o recuperación -de los efectos- puede tomar un trecho histórico bastante considerable con precios muy altos que usualmente son pagados por la población. Tal razón, como justificación de esos excesos del poder, por tanto, suele ser muy peligrosa y obviamente reprobable, dado que el ejercicio del poder gubernamental (que es delegado, no hay que perderlo de vista) y de la política, se convierte más en un fin que en un medio, lo cual desvirtúa su razón de ser y cuestiona su finalidad en ése marco. Ahora, puede existir, inclusive, una mezcla de ambas razones, es decir, ignorancia más corrupción, y si por separado pueden llevar a los Estados por derroteros indeseados y peligrosos para el bien común y para la estabilidad democrática (donde la haya), cuánto más si existe una mezcla de ambas…
