Ayer el presidente Morales no pudo concretar su plan de expulsar a Iván Velásquez y se tuvo que conformar con el anuncio, rodeado de fuerza pública (militares y policías, sus ahora únicos aliados), de que no renovará el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala culpando a Naciones Unidas de no haberse comportado de buena fe simplemente porque no validaron todas sus irracionales quejas contra la CICIG.
Tres Ministros le arroparon y el resto del Gabinete estuvo ausente. Los de Defensa, Gobernación y Relaciones Exteriores junto al Vicepresidente fueron el telón de fondo para la presentación pública. Se convocó para las 10:30, hora en que los vehículos militares que la Embajada de Estados Unidos donó a la Policía Nacional Civil se apostaron frente a la CICIG. Esperaban la orden para sacar al Comisionado, pero ésta se empezó a retrasar y desde Gobernación les instruyeron que se pasearan por el sector aguardando que se produjera la instrucción precisa.
Quienes horas antes llamaban cobarde a Jimmy Morales y se quejaban de su falta de entereza, retomaron su fervoroso apoyo y lo volvieron a encumbrar, pero ni eso sirvió para que pudiera darse la tan anhelada (para el Pacto de Corruptos), orden de sacar al Comisionado. El fracaso, sin embargo, no es definitivo porque la lucha no terminó allí y vienen días aciagos en los que el primer objetivo ya no será Iván Velásquez sino la Corte de Constitucionalidad a la que ya le advirtió que no acatará sus órdenes que, a juicio del Presidente, son ilegales. No es el Presidente quien puede calificar una orden de legal o no, como no es un Presidente sindicado por la CICIG quien puede, sin conflicto de interés, decidir el futuro de la Comisión.
Lo que se veía venir llegó puesto que Guatemala llegó a la encrucijada final. Los campos están absolutamente definidos y al Presidente lo respaldan los miembros del Pacto, el grupo de empresarios organizados que “respetan la decisión del Presidente” y quienes pretenden que la lucha contra la corrupción termine cuanto antes para que podamos tener elecciones en las que el financiamiento vuelva a ser como antes, piedra angular de la cooptación del Estado.
Para nada el anuncio de ayer pone punto final al problema porque según la instrucción presidencial, que violenta el mandato de la CICIG, esa entidad no deberá más que trasladar experiencia a las instituciones nacionales y por ello vendrán nuevas luchas legales que, indefectiblemente, llegarán a la CC y por eso la mira cambia de rumbo y va ahora hacia esa Corte.
