Desde hace años el desorden en la administración pública ha sido patético y agravado por la forma en que se han negociado pactos colectivos que resultan imposibles de cumplir por la irresponsabilidad de los funcionarios que los suscribieron sin hacer los estudios de la capacidad financiera. Por ello es que tenemos conserjes que ganan cuarenta mil quetzales y profesionales de la medicina que devengan sueldos de miseria y totalmente indignos.
Pero en general la administración pública es un auténtico desastre por la ausencia de una efectiva y moderna Ley de Servicio Civil que nos permita una real clasificación de los puestos y salarios basados en criterios técnicos y financieros, y no simplemente en el chantaje recíproco que se hacen sindicalistas y funcionarios corruptos que buscan que los arropen grandes movimientos en momentos de crisis.
No puede ser que en el Congreso de la República, por ejemplo, el Pacto Colectivo haya llevado a que empleados devenguen salarios de setenta mil quetzales y que además tengan a su parentela en la nómina inamovible. No puede ser que un médico que trabaja treinta y seis horas continuas, en turnos agotadores, perciba menos de cinco mil quetzales con todo y su calidad de profesional universitario que no se demanda para los empleados megapagados de dependencias como el Legislativo.
En medio de ese relajo es natural que haya distintos raseros para tratar situaciones iguales. El tema salarial se tendría que enfocar con base en criterios bien definidos respecto al trabajo desempeñado y la capacidad financiera del Estado, pero ese tema no ha sido tomado en cuenta y prueba de ello es que el último Pacto Colectivo del sindicato de maestros no tiene sustento presupuestario y, además, carece de sostenibilidad financiera porque se hicieron acuerdos que en el fondo son espurios por la ausencia de certeza de que puedan ser cumplidos.
Y es que prevalece el criterio irresponsable de asumir compromisos en los que quien venga atrás tiene que ver qué hace para resolver los problemas. El problema no es sólo de este gobierno, sino que ha sido problema recurrente a lo largo de muchos años, pero llega el momento en que hay que ponerle remedio porque hemos visto en muchos países que la incapacidad de cumplir compromisos financieros genera tremendas crisis que van más allá del tema puramente político por sus implicaciones en el área social.
La situación provocada por tanto pacto suscrito de manera irresponsable es ya insostenible y urge un gran acuerdo nacional para revisar toda la política laboral del Estado que nos llevará a la quiebra.
