Claudia Escobar
Los países que sufren problemas de corrupción buscan distintas formas para combatir ese flagelo. Lo que resulta esperanzador es que muchos de esos esfuerzos provienen de funcionarios del sector público, quienes quieren restablecer la credibilidad de las instituciones.
En El Salvador recientemente se formó un grupo de trabajo interinstitucional anticorrupción integrado por el Órgano Judicial, la Corte de Cuentas, la Fiscalía, la Procuraduría de la Nación, el Tribunal de Ética Gubernamental y el Institutito de Acceso a la Información Pública.
Durante el Primer Encuentro Nacional Anticorrupción, organizado por el Programa Pro Integridad, dichas instituciones asumieron un compromiso formal por la legalidad, a través del cual están creando una sólida red anticorrupción que será capaz de enfrentar a los grupos que generan la criminalidad. Los funcionarios que lideran esa iniciativa esperan que su esfuerzo rinda frutos a corto plazo y que motive a otras instituciones del Estado a luchar contra la corrupción.
Mientras tanto en Perú la Contraloría de Cuentas reconoce que el control de la gestión pública debe ser preventivo para que sea efectivo; por lo que implementó cambios importantes en el sistema de control. Se creó un mecanismo de control concurrente que supervisa los proyectos en todo el país, a través de un modelo descentralizado. El costo de implementar esta gestión fue de 5 millones de soles, pero permitió un ahora al Estado de 60 millones.
Además, se han formado equipos multidisciplinarios que supervisan los megaproyectos. Al mismo tiempo, ha facilitado una alianza con la sociedad civil para monitorear los proyectos en distintas comunidades, para lo cual han invitado a voluntarios y diseñado una aplicación tecnológica para facilitar el control ciudadano. La Contraloría peruana también promueve la carrera especializada de contralores, que sean nombrados por méritos y no por afinidad política.
Otra iniciativa que tiene que ser aplaudida es la “Consulta Anticorrupción” que se realizó en Colombia para endurecer las sanciones en contra de los corruptos. Esta fue promovida por un grupo de senadores, que sin mayores recursos lograron crear toda una plataforma anticorrupción y movilizaron a más votantes que la elección presidencial. Aunque durante la consulta popular no se logró el 33% requerido para que se implementaran las 7 iniciativas propuestas, la voz de más de 11 millones de ciudadanos marca un precedente. El resultado demuestra que los colombianos no están dispuestos a tolerar la corrupción y que esta lucha no tiene ideologías.
Como expresó Sarah Chayes, experta en anticorrupción, “Los ciudadanos tienen que sumarse a la pelea contra la corrupción. Es importante tejer una red de instituciones. No podemos dejar que las redes de cleptocratas no dividan”.
En nuestro país hay funcionarios públicos comprometidos en hacer que se cumpla la ley, pero son pocos los esfuerzos institucionales para erradicar esa plaga. Hace falta un compromiso serio que nos permita construir un sistema de legalidad para que el Estado de Derecho sea una realidad en nuestra sociedad. El liderazgo que están asumiendo los funcionarios de otros países en la lucha contra la corrupción puede servir de inspiración a los funcionarios guatemaltecos, para que se asuman un papel más protagónico en ese combate. También puede ser un ejemplo para que los ciudadanos exijan al gobierno mayor transparencia y leyes eficientes, como hicieron los colombianos ante las urnas.
