Oscar Clemente Marroquín
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En 1931 se publicó un libro que en el siglo pasado fue casi de lectura obligatoria por la forma en que se producían los cambios en el ejercicio del poder. Curzio Malaparte con su “Técnica del Golpe de Estado” aportó criterios sui géneris en los que exponía que esa manera de deponer mandatarios no era una cuestión política sino técnica y todos los teóricos coinciden en que se trata de un mecanismo ilegal.
Por ello llama la atención la forma en que ahora en Guatemala se sostiene, con total desfachatez y cinismo, que cualquier investigación que se pueda realizar por actos ilícitos cometidos por un mandatario constituye un intento de golpe de Estado. Es cierto que los que pregonan con más fervor esa teoría son personas que no tienen ninguna formación ni entendimiento, especialmente en cuestiones legales, pero son también muchos los que se tragan la patraña de que un político que fue electo popularmente no puede ni debe ser siquiera cuestionado, no digamos acusado, porque con ello se está propiciando un golpe.
Y es que la tontería de unos cuantos pendejos es utilizada por muchos vivos que entienden que la única defensa que puede tener en la práctica un político que haya cometido crímenes de cualquier tipo es alegar que se le quiere derrocar, aunque sea por la vía de un proceso penal en su contra.
La realidad es que la legalidad y la constitucionalidad de un país contemplan las formas y razones por las que se puede accionar en contra de un mandatario que no es, desde ningún punto de vista, un soberano que puede hacer lo que le venga en gana. En la misma Carta Magna están definidas las formas y causas por las que se puede iniciar un proceso penal en contra de alguien en ejercicio del poder sin que ello pueda considerarse como una alteración del orden constitucional.
El mismo peregrino argumento de que no se puede ni investigar a un gobernante es el que, a falta de razones legales para su defensa, esgrime el presidente de Estados Unidos ante la investigación que le hacen por la posible colusión con los rusos para la elección general última. Pero no hay que tener más de dos dedos de frente para entender que si alguien violenta la ley, no importa la investidura que tenga, debe responder por los hechos que se le imputan si son debidamente probados y que ello no significa, desde ningún punto de vista, que se esté dando un golpe de Estado.
Por el contrario, un verdadero golpe de Estado es la resistencia a aplicar la ley como corresponde y utilizar instrumentos como el de la inmunidad para generar impunidad. El golpe de Estado violenta el Estado de Derecho y en el caso de Guatemala un antejuicio no se puede considerar nunca como una manera de romper la constitucionalidad. En cambio, la negativa, sin fundamento ni razón, para proceder conforme a derecho para juzgar ilícitos si es una manera de alterar el orden que nuestra Constitución establece.
