Tenemos que entender que el imperio de la ley debe ser para todos los habitantes de la República de Guatemala y que el principio general es que debe aplicarse por igual a cualquiera, sin distingos a favor o en contra de alguien. Sin embargo, ese principio es retorcido en la misma Constitución Política porque al establecer la inmunidad de numerosos funcionarios impone limitaciones para que ellos sean siquiera investigados, no digamos procesados, por la comisión de posibles hechos delictivos y de esa cuenta resulta que se trastocan los términos porque aquí en vez de inmunidad se garantiza impunidad.
Hoy veremos que el Congreso de la República integra una Comisión Pesquisidora por “sorteo” para conocer de las diligencias de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, pero de antemano se sabe que aún en el remoto caso de que esa comisión recomendara levantar la inmunidad al Presidente, en el pleno el oficialismo tiene la plena certeza de que no podría, bajo ninguna circunstancia, aprobarse el antejuicio y el mismo, en el mejor de los casos, quedará en el mismo limbo en que se encuentra el que ya fue conocido en contra del mandatario.
No podemos prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia del Presidente en el caso por el que ha sido señalado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad, pero definitivamente sí podemos afirmar que alrededor de él se está erigiendo un enorme muro de impunidad y eso no es el espíritu de la protección que constitucionalmente se ofrece a todo un montón de funcionarios públicos. Y habría una enorme incongruencia legal si la Corte Suprema de Justicia, tras conocer el informe del órgano pesquisidor, decidiera levantar la inmunidad de la diputada Montenegro sindicada por los mismos delitos, extremo que algunos analistas visualizan como muy probable.
Creemos que la forma en que se establece la inmunidad en Guatemala es una aberración insostenible de cara al principio de que todos somos iguales ante la ley y debemos someternos a su majestad. No es posible que a un funcionario se le proteja al punto de que ni siquiera puede ser investigado por la posible comisión de delitos, y que exista un parapeto para evitar que pueda ser sometido a proceso penal en el que, con pruebas, se tiene que probar su culpabilidad o puede el sindicado demostrar su inocencia.
Tal y como se ven las cosas, el proceso que inicia hoy con el “sorteo” para integrar la pesquisidora no pasa de ser una pantomima porque ya los diputados han cantado lo que ha de ocurrir.
