Jorge Santos
En 2014 la sociedad guatemalteca asistimos, entre otras, a la designación de las altas Cortes en el país, es decir que a través del mecanismo de las Comisiones de Postulación, se seleccionó a las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia -CSJ- y a las y los jueces de las Corte de Apelaciones. Lamentablemente en aquellos años, la estructura criminal convertida en el Partido Patriota cooptó buena parte de estas Comisiones y se seleccionaron a una gran mayoría de magistrados y jueces que pasaron a conformar lo que se dio por llamar el Pacto por la Impunidad.
La estructura criminal liderada por el genocida Otto Pérez Molina cayó en 2015, sin embargo, la mayoría de sus designados a las Cortes continuaron y con ello, el mal recordado Pacto por la Impunidad, se suma y adhiere al nuevo Pacto por la Corrupción. Aunque el Sistema de Justicia, en particular el que ha sido liderado por el Ministerio Público, con el acompañamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- ha impulsado procesos de investigación que permitan sanear las altas Cortes, este ha sido un trabajo cuesta arriba con importantes desafíos y tropiezos.
A partir de 2015, los magistrados Vladimir Aguilar, Douglas Charchal y Blanca Stalling, fueron detenidos por cometer una serie de delitos que los evidenciaba como miembros de ambos Pactos, junto a ellos otros jueces y operadores de justicia también pasaron a formar parte de las y los funcionarios que por distintos actos de corrupción o impunidad debían ser sometidos a un proceso que demostrara su participación en los delitos que se les imputa.
Sin embargo, con el paso del tiempo y la profundización del Pacto de Corruptos las élites han logrado hacer retroceder varios importantes logros. Desde debilitar el Sistema de Mayor Riesgo, a partir de la constante, reiterada y maliciosa supervisión, hasta que aprovechando el merecido descanso de varios jueces y juezas se han emitido resoluciones contrarias a derecho y puesto en libertad o beneficiado a varios importantes personajes vinculados a casos de alto impacto e implicados en graves delitos contra el patrimonio y recursos públicos.
Y es que pareciera no comprenderse que la vigencia de los derechos humanos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares, y en el que exista un efectivo control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público, es decir que en la medida en la que tengamos jueces y juezas honestas nuestra democracia se fortalecería, muy al contrario de lo que ocurre en la actualidad.
Nuestro reconocimiento a las y los jueces que con su trabajo honesto y apegado a derecho fortalecen la democracia guatemalteca, tal como las juezas Yasmín Barrios, Erika Aifán, Claudia Escobar, María Eugenia Morales, Delia Dávila entre otras o a los jueces Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xitumul, Carlos Giovanni Ruano, entre otros. Su trabajo es fuente de inspiración para seguir construyendo democracia en el país.
