Se ha hablado mucho de la necesaria depuración de nuestros políticos luego de conocerse detalles de cómo es que operan y cuáles han sido sus intenciones desde que se estableció este perverso sistema que corrompió no sólo al Estado sino a la misma sociedad, pero tenemos que entender que para ello se ha formado toda una trama de instituciones de derecho público que existen por y para la utilización de ese modelo electorero que fundado en el clientelismo que explota las necesidades de nuestra población más pobre y se nutre del apoyo financiero de grupos criminales y sectores que de esa forma se aseguran privilegios.
Gracias al trabajo de investigación emprendido por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público se ha logrado destapar parte de la cloaca con el tema del financiamiento electoral y por ello es que hay poderosos sectores tratando de presionar en el Congreso para que se despenalice ese delito y se deje que el sistema siga funcionando como hasta ahora porque eso ha rendido jugosos frutos.
Pero la verdad es que urge una verdadera y profunda depuración también del sistema partidario en el país porque los hechos están demostrando que muchos partidos son más un negocio que un instrumento de la participación ciudadana. Por ello es que no tenemos reales partidos políticos y las entidades de derecho público terminan funcionando como instituciones de derecho privado en el que el acuerdo entre las partes tiene todo el peso del mundo.
Tras los años de limitaciones dictatoriales que se dieron desde 1954 hasta 1982, vino una apertura que parece haberse pasado de tueste porque de las limitaciones extremas llegamos a facilidades que permitieron la proliferación partidaria que, a la larga, no vino a incrementar la participación democrática de la gente, sino que sirvió para cimentar cacicazgos y alentar pactos bajo la mesa en beneficio de unos pocos y perjuicio de las mayorías.
Eliminar el delito de financiamiento electoral ilícito sería lo peor que le podría pasar al país y el retroceso más grande luego del destape de la forma en que opera la corrupción. Lo que urge en realidad es que se aplique la ley y se proceda con apego a ella a la cancelación de aquellas entidades que han participado en el entramado de la cooptación del Estado, aún y cuando no hayan llegado al poder.
Guatemala y los guatemaltecos tendrán que revisar su visión del partido político para demandar reales instituciones que sean canales de participación ciudadana y no empresas lucrativas para hacer millonarios.
