Eduardo Blandón
Los líderes del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) no dan tregua. Ya deberíamos estar acostumbrados. Casi siempre están en la movida, más aún si se trata de intervenir en la vida política, no por esa esfera que les resulta incómoda a la mayoría, principalmente por tener que dialogar con gente que no es de su catadura, moral, económica, racional…, sino por protagonizar para jalar agua a su molino, esto es, el dinero, los negocios, el manejo del Estado.
Su última intervención ha sido la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra 11 artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), modificados por las reformas de 2016 y contra cuatro artículos del Reglamento de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.
Es evidente que al ser Guatemala un país democrático, la Corte de Constitucionalidad debe atender el llamado de ese gremio mal reputado en la historia del país. Quiero decir, examinar si la petición es válida y, en consecuencia, deba modificarse lo establecido según el régimen actual. Sin embargo, con esa organización las instituciones deben tener tanto cuidado a la manera como ellos toman distancia de los sindicatos de sus empresas.
Son peligrosos, nefastos, maquiavélicos (así se refieren ellos a los sindicatos, ¿no?). Y no me extrañaría que la campaña haya comenzado, bueno con ellos no hay principio –ni fin–, su discurso es una melodía repetida “ad libitum”, o sea, hasta el cansancio. Hasta aburrir y salirse con la suya. Son los arquitectos de eso que llaman muy a su estilacho las “fake news”.
“Preocupa que se delegue al TSE determinar los actos que sean constitutivos de delito, una función que es exclusiva del Organismo Judicial”, expresa el comunicado de la organización, refiriéndose al artículo 219. Además, critica que “se viola la libertad de acción al obligar a los medios de comunicación a aceptar una tarifa política fijada a discreción por el Congreso de la República”, en alusión a la distribución de los espacios para la propaganda electoral.
La Corte de Constitucionalidad, como he dicho, debe aclarar los términos que puedan dificultar la interpretación correcta del texto jurídico. Eso es sano para el desarrollo del Estado democrático, sin que intervengan, eso sí, las presiones, manipulaciones y cualquier otro interés que no sea el de los ciudadanos guatemaltecos. ¿De Perogrullo? Sí, claro, pero hasta ahora una utopía casi imposible de alcanzar.
Como dije al inicio, el CACIF es un gremio al que por principio hay que ponerse en las antípodas de sus posiciones. Es casi seguro que sus “preocupaciones” no son nuestras preocupaciones. ¿Pruebas? Hay muchísimas, bastaría una pequeña investigación de la CICIG y sucedería lo que dice el Evangelio: “Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo”. Y no es cuento.
