Víctor Ferrigno F.
Después de tres meses de expectación, la Fiscal General decidió solicitar que se le retire la inmunidad al Presidente de la República, para ser investigado por financiamiento electoral ilícito, pues existen sólidas pruebas testimoniales y documentales que lo inculpan. La Cámara de Amparos y Antejuicios decidirá hoy si le da trámite al citado antejuicio.
El derecho de antejuicio no se estableció para generar impunidad, sino con la finalidad de darle estabilidad a las funciones del Jefe de Estado, de manera que solamente se le investigue cuando haya pruebas suficientes, como en el presente caso.
Quienes aportaron financiamiento ilícito a Morales ya pidieron perdón a la ciudadanía y reconocieron haber cometido un “error”, que constituye delito. Una de las empresarias y su gerente, incluso, se constituyeron en colaboradoras eficaces, y aportaron toda la documentación probatoria.
En esta causa existen todas las pruebas necesarias y son de dominio público, de manera que el blindaje político que se fragua en el Congreso a favor de Morales busca obstruir la justicia y generar impunidad. La pregunta obligada es ¿a cambio de qué?
La semana pasada, en las redes sociales circuló la noticia que se reunió un fondo de tres millones de dólares para lograr la inmunidad de Jimmy Morales. Supuestamente, se llevó a cabo una reunión en el hotel Adriatika, y los fondos fueron aportados por empresarios palmeros y aquellos que fueron favorecidos con amnistías fiscales otorgadas por el Presidente. El dinero, dicen, será repartido entre los Jefes de Bloque y funcionarios de la Corte Suprema de Justicia.
Los hechos en el Organismo Judicial y en el Congreso coinciden con los rumores, pues ha sido reiterada la negativa de los magistrados y diputados del Pacto de Corruptos de levantar la inmunidad al Presidente, en varios casos. Obviamente, no se limitan a darle impunidad a Morales, sino que protegen un inmenso botín que se reparten entre funcionarios, empresarios, políticos y militares corruptos. ¿De qué tamaño es el pillaje contra el erario público?
Según el ICEFI, la corrupción anual equivale al 20% del presupuesto. En 2018, ascendería a unos Q15 mil 400 millones, equivalente a lo que ganan 430 mil trabajadores agrícolas en un año. Con ese botín, se podrían duplicar los presupuestos de los Ministerios de Educación, Agricultura y Cultura. ¿Se da cuenta de la dimensión del latrocinio, y la cantidad de vidas que se podrían salvar?
Pero falta hacer el cálculo mayor. Según la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia del Departamento de Estado de EE. UU., más de 1 mil 400 toneladas de cocaína pasaron por territorio guatemalteco en el 2017, rumbo a Estados Unidos. El valor local de esa droga equivale a 1.4 veces el presupuesto del país. Ese año, solamente se incautaron unas 20 toneladas de la droga (1.4%), y los casos de tráfico aéreo aumentaron 240% en relación con 2016. Más complicidad, imposible.
Los narcos pueden ganar U$2 millones por tonelada si la introducen al sur de México, pudiendo sumar U$2 mil 800 millones, equivalente a unos Q20 mil 720 millones.
Parte de ese inmenso botín, sumado al de la corrupción, se lava en Guatemala, con la complicidad de bancos, empresas, instituciones, iglesias, políticos, jueces, policías, etc.
De esa dimensión es la poderosa y criminal estructura de impunidad y corrupción que tiene cooptado al Estado de Guatemala, que va desde los presidentes de los tres organismos estatales, hasta los policías mordelones.
Aunque parezca utópico, entre la ciudadanía consciente y movilizada, la CICIG, el MP y los jueces probos, hemos venido desarticulando este poder espurio, y seguiremos hasta que no quede piedra sobre piedra.
