Raúl Molina
Guatemala es políticamente compleja, en parte porque la clase media perdió el rumbo en 1954. A base de propaganda contra un supuesto “comunismo”, los sectores que derrocaron a Jacobo Árbenz lograron que las capas medias aceptaran, gradualmente, la “Guerra Fría” dictada por Washington y dirigida no solamente contra las y los revolucionarios y los “ismos”, sino que también contra quienes se oponían al régimen impuesto. Una espiral de violencia y represión golpeó a trabajadores, campesinos, estudiantes y universitarios, con poca resistencia y a veces con la complicidad de capas medias. Cuando la represión se elevó a niveles demenciales bajo Lucas García, pese a que, igualmente, se persiguió, desapareció y asesinó a personas de la clase media, ésta prefirió ignorar las atrocidades y guardar silencio –el informe de la CEH se llama “Memoria del Silencio”– y se hizo mucho menos al lanzar Ríos Montt y sucesores las campañas de genocidio y “tierra arrasada” contra los pueblos indígenas. Existe así un lastre moral que pesa sobre los hombros de la clase media, así como en Alemania pesó por mucho tiempo la carga moral de haber tolerado las barbaridades del nazismo. Al firmarse el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, se toleró que los grupos de poder se garantizaran la impunidad, no por ley sino que instalando barreras a la justicia y cooptando el Sistema Judicial y el MP. Ese lastre ha impedido que la clase media piense por su cuenta –depende de grandes ricos y la Embajada– y la ha llevado a la impotencia. Esta inercia sociopolítica fue sacudida en 2015 con el Movimiento por la Dignidad, que hizo caer a Roxana Baldetti y Otto Pérez y a los partidos Patriota y Lider; pero los rebeldes cayeron en la trampa de las elecciones.
Cumplido un año de Jimmy Morales, quienes habían dado el beneficio de la duda al sistema político reconocieron que nada había cambiado. Ante la crítica, Jimmy Morales se quitó la máscara y se lanzó a expulsar a quienes había dirigido la lucha contra la corrupción y la impunidad. La clase media reaccionó ante los ataques contra Thelma Aldana e Iván Velásquez y, contando con el movimiento social y popular, enfrentó al corrupto binomio presidencial; pero, dada la crisis de gobernabilidad, el gobierno integró el “Pacto de los Corruptos” con legisladores y magistrados. Aunque la clase media estuvo a punto de quebrar el sistema, nuevamente los cantos de sirena de la Embajada y el CACIF pararon el proceso. Creerles una segunda vez, pese a claras evidencias de la ilegitimidad de los gobernantes, ha agregado otro lastre moral sobre la clase media. Se ha quedado paralizada y ha dejado a los mafiosos hacer y deshacer, constantemente, para garantizarse la corrupción y la impunidad. No se ha querido echar a los mandatarios y cerrar el Congreso por un supuesto respeto a las “instituciones democráticas”. ¿Qué ocurriría si el pueblo se declarara en rebeldía e instalara un gobierno provisional? Nada negativo; simplemente saldríamos democráticamente de la crisis ética y política. Las capas medias deben reaccionar pronto y, para superar el lastre moral, contribuir ya a la captura de los gobernantes y a desmantelar el Congreso.
