Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
El Artículo 407 N del Código Penal que regula el financiamiento electoral anónimo se ha convertido en un intenso tema de chantaje y presiones, porque es conocida la intención de reducir las penas hasta hacerlas en realidad irrelevantes, lo que dejaría el sistema intacto para que el financiamiento siga siendo el mecanismo mediante el cual fácilmente se puede asegurar que quienes lleguen al poder lo hagan condicionados y controlados por aquellos que en forma generosa, y que algunos hasta calificaron como patriótica, sueltan chorros de dinero que han servido para generarse privilegios que vienen desde hace mucho tiempo.
Ante la resolución de la Corte de Constitucionalidad que llama a regular en forma proporcional los castigos, el Ministerio Público presentó una propuesta que cumple con lo que demandó la CC, pero no deja impune el delito. El partido Encuentro por Guatemala hizo suya esa iniciativa del MP y la presentó al pleno del Congreso en contraposición a la que vienen manejando los diputados con la intención de librar de responsabilidad penal a los Secretarios Generales de los partidos y con penas reducidísimas a los que otorgan ese financiamiento que llega sin control alguno a los políticos de turno.
Cuentan algunas lenguas que cuando Encuentro por Guatemala hizo esa propuesta no sólo tuvo críticas muy fuertes de los diputados de otras bancadas sino que también empezó al recibir variado tipo de mensajes, unos amistosos y otros no tanto, llamándola a la reflexión por lo que ello significaba para todo el sistema político. Y en alguno de esos mensajes se le advirtió que de no dar marcha atrás podría terminar embarrada por el financiamiento electoral ilícito porque alguno de los candidatos de su partido habían recibido dinero en forma anónima y sin declararlo al Tribunal Supremo Electoral. Dicen que la advertencia fue hecha por alguien de los que en su momento dijeron que habían cometido un error.
El caso es que desde el viernes Nineth Montenegro, en su calidad de Secretaria General del partido Encuentro por Guatemala, se encuentra sometida a un antejuicio y ojalá que ahora que ella se ve en la situación en que ya le habían anunciado, no vaya a variar su postura de mantener la demanda de que el financiamiento electoral ilícito sea debidamente sancionado porque ella sabe, como lo sabemos todos los guatemaltecos, el impacto que esa práctica ha tenido en el país y en la forma en que el Estado se fue pervirtiendo en el proceso que la CICIG y el MP presentaron como la cooptación del Estado.
Y como pasa con toda la corrupción, lo que al respecto se sabe es apenas la punta del iceberg porque es tan sólo lo que se pudo judicializar con pruebas fehacientes. Pero eso no llega ni siquiera a ser una centésima parte de lo que realmente ha ocurrido durante todos estos años, desde el momento en que Ángel González le regaló toda la propaganda en radio y televisión a Cerezo a cambio de que se le entregaran de hecho a perpetuidad los derechos sobre los canales, hasta el mismo proceso electoral que ya se vive sin convocatoria.
