David Napoleón Barrientos Girón
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Los estados nacionales deben contar con un sistema de inteligencia, la seguridad es una de las funciones que no se debieran delegar o privatizar, es un actor de gran importancia nacional, la ciudadanía espera acciones estatales encaminadas a su protección, como lo dicta el Artículo 1o. de nuestra Constitución Política, y pese que Guatemala ha creado el andamiaje legal para la configuración de un sistema nacional de inteligencia, este responde a concepciones de seguridad desfasadas, pues aún tiene un enfoque de poder político que privilegia al Estado y no al ciudadano, por consiguiente, conceden privilegios a los que ostentan el poder, presume al Estado como el beneficiario de la función política, debiendo ser el ciudadano, lo que permitiría acercarnos a la seguridad humana.
Es necesario un debate real, hasta ahora ausente, respecto a la función del Estado, en materia de seguridad e inteligencia, que revise la frágil legislación vigente, de lo contrario quien acceda al poder se verá encantado con estructuras anticuadas que fácilmente sucumben con los encantos del poder y deslegitiman cada vez con más intensidad el proceso democrático en construcción que tropieza sin cesar, como ha sucedido en los últimos veinticinco años, pues los que han tenido la irresponsabilidad de legislar, dirigir, y ostentar esa función no han hecho más que servir a grupos de poder en un país con grandes potencialidades, pero con grandes desigualdades, o sea sin un norte social definido.
Revisar la legislación respecto a inteligencia; es impostergable, no por gusto lo primero que se atiende en los sistemas de planificación y de alta gestión son los aspectos de inteligencia, pues en base a su diagnóstico se deriva y sostiene el diseño de la planificación estratégica, táctica y toma de decisiones. Establecer la carrera en inteligencia permite: estabilidad en los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de producir inteligencia, genera la confianza que no se cumplirán órdenes que se salgan del marco legal, que se respeten los protocolos de las fases de la inteligencia, y con una reserva de los productos de inteligencia que puedan en algún momento ser desclasificados como garantía que nada es oculto por siempre.
Lo cierto es que los instrumentos de inteligencia son necesarios para la función estatal, siempre y cuando se privilegie al ser humano y se tengan reglas claras, dicho en otras palabras, que se visualice el futuro de nuestros bisnietos, aspecto político nacional que desafortunadamente le debemos como generación a nuestros descendientes, gracias a que nuestros actuales políticos se han alejado de la búsqueda del bien común y se han cobijado en clanes que les arropan privilegios personales.
Cuando los entes de inteligencia prioricen a los ciudadanos y no dependan de grupos políticos partidistas para asumir tan delicada responsabilidad, habremos dado un paso positivo y de responsabilidad con las generaciones venideras y para eso debemos construir una legislación clara y firme, donde se privilegie entre otros al ciudadano, a la carrera de inteligencia, pues es un asunto que tiene que ver con la seguridad de todos, los funcionarios de inteligencia con estabilidad en su quehacer producen buenos resultados a lo largo del tiempo, por el contrario la inteligencia con vínculos políticos partidistas se han convertido en policías políticas, aunque se vistan de primera comunión, cuando no ostentan cargos de poder público, olvidando que en su paso por estas instituciones ni siquiera sentaron las bases para una política de seguridad adaptada a la modernidad y a las amenazas a la seguridad humana.
