Stu Velasco
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El viernes 10 de agosto a las 15:30 horas, la señora Fiscal General de la República, María Consuelo Porras Argueta, junto al comisionado Iván Velásquez Gómez, de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), encabezaron la primera conferencia de prensa en la era de Porras Argueta al frente de la institución que posee el monopolio de la persecución penal. En la misma se informó sobre dos sendos antejuicios presentados el mismo día en la oficina de Gestión Penal de la Torre de Tribunales. El primero en contra del señor Presidente Constitucional de la República, Jimmy Morales Cabrera y de una de las políticas de mayor trayectoria en el Congreso de la República y lideresa de las luchas sociales en la década de los 80, la señora diputada Nineth Varenca Montenegro Cottom.
Observar a la Fiscal General de la República dirigiendo la conferencia de prensa al lado del Comisionado despertó el interés de diversos sectores, de propios que comparten posiciones políticas como de divergentes en cuanto a la visión de país, de antagónicos respecto al análisis y evaluación del rol que desempeña la CICIG en Guatemala. Lo anunciado para nada descendió la actual crisis política que padecemos todos los guatemaltecos, tampoco la intensidad de lucha entre disímiles sectores; se informó que el Ministerio Público había presentado solicitud de antejuicio por los supuestos delitos electorales, de financiamiento electoral ilícito contra los Secretarios Generales de los partidos FCN-Nación y Encuentro por Guatemala del año 2015, quienes hoy son el Presidente de la República y legisladora en el Congreso de la República.
De inmediato se agudizó la polarización en el país, el enfrentamiento entre guatemaltecos y las batallas campales en redes sociales, medios de comunicación en donde cada sector ha asumido su férrea posición, y aprovechado para aumentar los señalamientos en todas las vías, desde un apoyo incondicional al Ministerio Público y CICIG, como una sólida defensa al Presidente de la República y un importante apoyo a la señora diputada. Y por supuesto, que como guatemaltecos poseemos el derecho constitucional de la libre expresión y la obligación de respetar la misma.
Sin embargo, en verdad hay una pregunta que todos debemos hacernos, y es ¿cuál es la forma en que quisiéramos ser juzgados? Bajo el respeto del debido proceso, o ser juzgados y sentenciados bajo la intensidad del magno poder de las redes sociales y del embate mediático que suelen generar algunos medios de comunicación. Es importante para la democracia y para el pueblo ser informados a cabalidad de lo que acontece y suministrar la información objetiva y necesaria respecto a los temas de mayor interés y sobre todo los que puedan definir el destino político de un país, pero sin irrespetar las garantías constitucionales que todo ciudadano posee.
Conocemos de decenas de acusados que han denunciado que sus casos se litigan mediáticamente, que cuando llegan a Tribunales los jueces y miembros del Tribunal se ven influenciados por la previa valoración social que se ha fundado, como también hay políticos que salen a la defensa mediática de los procesados. Todo actor desde el acusador y acusado como terceros interesados, están llamados a regirse por el imperio de la ley, y a no sucumbir a la tentación de apoyarse principalmente a ventilar sus posiciones y menos las legales en cajas de resonancia para inclinar la balanza de la justicia a determinado extremo.
Sea esta columna un aporte al debido proceso, a todo acusado y al trabajo de las instituciones y comisiones de Justicia.
¡Señores jueces resuelvan apegados a Derecho!
