Con la tranquilidad que da la certeza de que cuenta con el respaldo de la mayoría de los políticos que se verían en problemas por el financiamiento electoral ilícito y de quienes, preocupados por su situación actual o futura, trabajan intensamente para que se apruebe una norma legal que los deje sin castigo, el Presidente ordenó que se emitiera un comunicado el mismo viernes, horas después de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público presentaran la solicitud de antejuicio en su contra, en el que afirma que espera que funcione el debido proceso en el análisis del caso para determinar si es o no una acusación fundada.
Lo declarado en conferencia de prensa por los empresarios que aceptaron haber entregado dinero en forma secreta al partido FCN, supuestamente para cubrir los gastos de los fiscales de mesa, tuvo efecto ante la opinión pública porque ética y moralmente fue un reconocimiento de hechos, aunque luego se hayan echado atrás (todos menos uno) a la hora de enfrentar el proceso en su primera declaración. Y el antejuicio tiene estrecho vínculo con eso no sólo porque el mismo se deriva de las sindicaciones que ya fueron formuladas para ligar a varios a proceso, sino porque de una u otra manera resulta que todos están en el mismo barco porque el delito es el mismo aunque unos incurrieran en él por dar y el otro por recibir.
La estrategia ha sido clara desde hace tiempo y ahora con el antejuicio del mandatario parece estar aún más clara. Se trata de despenalizar el financiamiento electoral anónimo y para ello se trabaja en el Congreso de manera que en forma paralela pasen las leyes que legalicen el transfuguismo y las que dejen sin castigo dar o recibir dinero en forma anónima. Ello no obstante que el financiamiento electoral ilícito en sus diversas modalidades ha sido la clave de la prostitución de las funciones del Estado y que ha sido evidenciado hasta el cansancio su efecto en la cooptación de un Estado que se puso a repartir privilegios y alentar la corrupción en todos los niveles, en vez de atender sus fines esenciales.
Por ello se explican problemas tan graves como el crecimiento de la pobreza, de la migración y el alto índice de desnutrición crónica, a lo que se suma un Estado incapaz de ofrecer educación de calidad no obstante los gastos en el ramo, salud adecuada para las necesidades de la gente y seguridad en el sentido más urgente.
El antejuicio a Morales parece ya decidido porque, en otro conflicto de interés evidente, decidirán los pícaros que quieren acabar con la lucha contra la corrupción.
