Los directivos de las Cámaras Binacionales de Guatemala se pronunciaron ayer por las situaciones de conflictividad que afectan a inversiones productivas en el país, y demandan con razón plena certeza jurídica porque estiman que se pierden oportunidades por situaciones que afectan a proyectos importantes que son de alguna manera cuestionados por grupos de pobladores.
Y tienen razón al pedirlo, pero tenemos que decir que si se quiere verdadera y plena certeza jurídica tenemos que sumarnos todos a la lucha contra la corrupción, porque mucha de esa conflictividad está relacionada con malas prácticas en la administración pública que generan conflictos, porque lejos de cumplirse con los requisitos de ley, las licencias y concesiones muchas veces son resultado de mordidas y sobornos que, por supuesto, no pueden generar derechos fundantes de una real y verdadera certeza jurídica.
Se produce el reclamo de los presidentes de las Cámaras Binacionales al día siguiente de la exposición que se hizo en Washington sobre la importancia que tiene la lucha contra la corrupción para atraer inversión extranjera realmente productiva y no de empresas que con mentalidad de piratas se abren camino a base de contubernios, tráfico de influencias y sobornos, en vez del exacto cumplimiento de la ley no sólo en el puro trámite, sino también en la ejecución de los estudios pertinentes y en las consultas que por ley deben hacerse a la población.
Mucha de la conflictividad que vivimos es consecuencia de que, de alguna manera, se violentan procesos porque los funcionarios se atienen al soborno y no al cumplimiento de los requisitos. Por ello es que pensamos que no sólo los miembros de esas Cámaras de empresarios binacionales sino toda la población tiene que sumarse con vigor y energía para concretar la lucha contra la corrupción porque de lo contrario no puede existir certeza jurídica ni gobernabilidad, pues el Estado se encuentra al servicio de intereses espurios y tarde o temprano se rompe la gobernabilidad cuando un sistema se deteriora tanto como el de Guatemala en donde casi no hay ámbito que no se haya contaminado por las prácticas inmorales e indecentes en que incurren tanto políticos como particulares que operan en ese repudiable marco.
La gobernabilidad tiene que ser consecuencia del buen gobierno y el mismo no existe cuando todo se centra, como ahora, en ver cómo se acaba con la marcha legal en contra de la corrupción. La gobernabilidad es armonía derivada de un sistema en el que se privilegia el bien común y no los privilegios que se acumulan a punta de la coima.
