Luis Fernandez Molina

luisfer@ufm.edu

Estudios Arquitectura, Universidad de San Carlos. 1971 a 1973. Egresado Universidad Francisco Marroquín, como Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales (1979). Estudios de Maestría de Derecho Constitucional, Universidad Francisco Marroquín. Bufete Profesional Particular 1980 a la fecha. Magistrado Corte Suprema de Justicia 2004 a 2009, presidente de la Cámara de Amparos. Autor de Manual del Pequeño Contribuyente (1994), y Guía Legal del Empresario (2012) y, entre otros. Columnista del Diario La Hora, de 2001 a la fecha.

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Luis Fernández Molina

Conforme usanza de la legislación estadounidense a muchas leyes se les denomina o se les conoce comúnmente, con el nombre o apellido de determinada persona relacionada con el tema. En este caso así es; la ley se conoce con el apellido de un ciudadano ruso (más bien ucraniano) que murió en condiciones infamantes y especiales. Veamos. Para ese efecto debemos retroceder el calendario unos años. Muy pocos, pero suficientes para dar cabida a trascendentales cambios en el mundo y en la esfera socialista. Nos debemos situar en los turbulentos inicios de los años noventa del siglo pasado. Gorbachev en el gobierno abre las puertas a una liberalización de la economía y la política de la comatosa Unión Soviética. Luego vienen Yelstin y, a su sombra se fue insinuando la figura de Vladimir Putin. En todo caso la economía rusa se abrió al mundo moderno y, siendo un país de innumerables riquezas naturales (gas, petróleo, madera, minerales), llamó la atención de los capitales externos.

Entre los inversionistas estaba Hermitage Capital Managment, grupo financiero que manejaba miles de millones de dólares bajo la dirección del británico Bill Browder. Las operaciones iban bien, demasiado bien. Por lo mismo despertó la ambición de ciertos ciudadanos rusos influyentes –políticos sobre todo– que armaron un gran tinglado para sustraerle cerca de 230 millones de dólares. Como parte del montaje se presentaron denuncias en contra de Hermitage de supuestos impuestos pendientes y dentro de las investigaciones se allanaron las oficinas de aquella empresa. Embargaron papelería, sellos, información general, etc. que sirvió para sustraer (robar) negocios y empresas. Aquí aparece en escena Serguei Magnitsky, auditor y abogado de Browder, quien se opuso férreamente al atraco oficial. Declaró abiertamente que era una farsa perversa y que las empresas, lejos de deber impuestos habían pagado en exceso. Denunció a muchos funcionarios de alto nivel y expuso la creciente corrupción entre los funcionarios rusos, implicando a policía, fisco, jueces, banqueros y a la creciente mafia rusa; ello fue la causa de que lo detuvieran en Butyrka (versión de la tenebrosa Lubianka), donde fue sometido a limitaciones y torturas. Ocho días antes de que se cumpliera el año (que la ley rusa establece como límite para iniciar juicio o liberar), murió por supuesta pancreatitis (difícil de aceptar en un hombre robusto, joven, de 37 años) pero la autopsia demostró que fue objeto de una paliza.

Como reacción a la corrupción rusa y en homenaje a la valentía y probidad de Magnitsky, Bill Browder promovió en Estados Unidos una ley que sancionara a los corruptos y violadores de derechos de Rusia. En 2012, 3 años después de la muerte de Serguei, Obama firmó la ley. Desde ese momento dicha normativa ha ido “en expansión”; en 2016 el actual presidente Trump extendió su ámbito de aplicación a todo el mundo: “Global Magnitsky Humans Rights Accountability Act”. La primera versión estaba dedicada a los rusos corruptos, les limitaba el uso del sistema bancario estadounidense, así como la visa y los negocios con ciudadanos de ese país. Tenía mucha lógica por cuanto los corruptos succionaban descaradamente en Rusia, pero depositaban e invertían en Occidente, Estados Unidos sobre todo. Por eso les afectaba mucho que les congelaran sus cuentas y les proscribieran las operaciones en ese país. Un duro golpe al punto que el mismo Putin expresó que esa ley era un gesto “poco amigable”.

Al haberse ampliado en 2016 quedó en claro que la ley sancionaba a ciudadanos (ya no solo funcionarios) de todo el mundo que incurrieran en varias acciones. (Continuará).

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