La muerte del exdiputado Manuel Barquín, ocurrida en el Hospital Roosevelt a donde fue trasladado para someterlo a tratamientos mientras se encontraba en prisión preventiva, reaviva por supuesto el debate sobre esa medida de coerción contemplada en la legislación guatemalteca y que ha dado mucho de qué hablar desde que la misma se empezó a aplicar a personas que por su condición o estatus parecían inmunes a cualquier juicio. En tanto los sindicados fueron ciudadanos sin poder, ni político, ni económico, ni social, nadie puso atención a los procedimientos penales ni al incumplimiento de los plazos judiciales, pero cuando la tortilla dio vuelta, los reflectores se enfocaron en las terribles deficiencias y carencias que hay en nuestro Sistema de Justicia.
La ley contempla la prisión preventiva cuando existe peligro de fuga o de obstaculizar las investigaciones y los jueces pueden decretar esas medidas al considerar que alguno de esos supuestos puede darse en alguno de los procesos sometidos a su conocimiento. Los sindicados tienen la facultad y el derecho de recurrir mediante los procedimientos legales para objetar las disposiciones de los jueces y para ello existen instancias.
Ahora bien, en Guatemala tenemos un enorme déficit en la administración de justicia, sector que siempre fue una especie de Cenicienta porque a nadie importaba que los juicios fueran eternos y que no se cumplieran los plazos, no digamos que a los acusados de cualquier tipo de delitos se les enviara a prisión preventiva o, en algunos casos, hasta fueran sometidos a prisión provisional porque no había forma de que pudieran rendir su primera declaración.
Y de pronto se vinieron casos que desnudaron las carencias. No son sólo aquellos en los que decenas de pandilleros son capturados y sometidos a un mismo juicio, sino también los de decenas de políticos, operadores de éstos, profesionales o empresarios fueron cayendo tras las investigaciones de corrupción. El Caso La Línea es un ejemplo, puesto que con tanto procesado cualquier recurso entrampa el juicio por semanas y hasta meses. Y hay que agregar el litigio malicioso que se ha multiplicado en los últimos tiempos porque varios están apostando a que el Presidente ya no renovará el mandato de la CICIG y se buscan formas de retrasar más aún el ya lento caminar de la justicia.
La muerte de Manuel Barquín es lamentable y se produce por complicaciones de una muy grave enfermedad. Obviamente hubiera sido mejor que estuviera con su familia en esos últimos momentos, pero no pueden sindicar al Sistema de Justicia quienes se opusieron a la reforma al Sector Justicia.
