Stu Velasco
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Empecemos por llamar a las cosas como son, el pasado jueves 02 de agosto a las 14 horas, fue secuestrado Alfonso García-Junco Hemmerling, alcalde municipal de Coatepeque, Quetzaltenango. El plagio o secuestro ocurrió en la comunidad de San Vicente Pacayá, del referido municipio, fueron 30 horas las que el jefe edil permaneció en contra de su voluntad, privado de los derechos inherentes al ser humano, en total violación de los derechos garantizados en la Constitución Política de la República de Guatemala. Libertad: libre locomoción, no ser sometido a torturas de ningún tipo y todas las que el Estado está obligado a garantizar como todo ciudadano a respetarlas.
Se ha responsabilizado a líderes del Comité de Unidad Campesina (CUC), de ser los principales responsables y promotores de este hecho, que los líderes de esta organización habrían ejecutado el secuestro y exigido determinadas acciones a la empresa Energuate, dentro de ellas la reconexión del servicio eléctrico, el cual no pagan desde hace más de ocho años, aduciendo elevado costo del servicio, como también desafiando y pretendiendo someter al Estado a que no ingrese autoridad alguna a sus territorios, lo cual raya en lo absurdo y en una demanda ilegal como ilegítima.
Una de las principales lideresas de la Internacional Socialista, precandidata presidencial del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), licenciada Sandra Julieta Torres Casanova, ha señalado como responsable del secuestro a la denominada organización campesina y ha exigido a las autoridades la aplicación de la ley ante encomioso hecho. El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), ingeniero Edwin Felipe Escobar Hill, también responsabilizó a las organizaciones campesinas CUC y Codeca de ser los perpetradores del secuestro. Ambos pronunciamientos deben atenderse y tomarse por el Ministerio Público como denuncias públicas dado que provienen de personas que, en función de sus cargos, seguramente conocen información que sustenta sus señalamientos.
Contrariamente se hizo sonoro el silencio de propias organizaciones internacionales y nacionales que velan por los derechos humanos, como de algunos representantes de la sociedad civil y políticos, que permanecieron pasivos e inexpresivos ante el secuestro del alcalde, y es que debemos hacerles un puntual llamado de atención, dado que es importante para el bienestar de Guatemala que no guarden silencio, porque sin importar cuál sea la causa, la demanda social que determinada organización o colectivo exija, nada les autoriza ni da la potestad de transgredir la ley y menos de violar los derechos constitucionales de ningún ciudadano a través de la ejecución de acciones que revisten de total ilegalidad.
Si no haces lo que exijo te secuestro, si no atiendes mis demandas impido la libre locomoción y prendo fuego a los vehículos, si no te quiero en mi comunidad te asalto y destruyo, ¿acaso esas son acciones que deben caracterizar a un conglomerado social que supuestamente busca la paz y bienestar social?
Señora Fiscal General de la República, esperamos bajo su administración justicia para todos y que este tipo de hechos no queden en las frías gavetas de archivo, en este caso no es válido que cuando el Ministerio Público realice la investigación criminal y obtenga las órdenes de aprehensión de los responsables del secuestro del alcalde, se lance entonces el grito “han criminalizado nuestra lucha social”, acá no es válida semejante justificación, una cosa es la lucha social bajo total cumplimiento de la ley, otra es ejecutar graves delitos pretendiendo escudarse en la defensa social y campesina.
La impunidad debe combatirse desde toda perspectiva, y las cosas decirse como son, o seguiremos engañándonos y destruyendo al país.
¡Luchemos por Guatemala cumpliendo la ley!
