Francisco Cáceres Barrios
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Cada vez son más alarmantes los índices que nos vienen a demostrar que la aplicación de la justicia en nuestro país es más complicada, lenta y tardía, lo que ha provocado que la gente interesada en desinformar o de tergiversar la información esté asegurando de viva voz o por medio del anonimato de las redes sociales que la culpa la tiene la CICIG o la Fiscalía General de la Nación de no haberse dictado sentencia condenatoria a los sindicados de actos de corrupción, a pesar que hace dos años o más que se iniciaron los procesos por todos conocidos, por los que se obligó al presidente Pérez Molina, a la vicepresidenta Baldetti y demás encartados a cambiar su lugar de residencia.
A mí mismo me han asegurado juristas de prestigio que por culpa del MP existe tanta gente sin haber sido condenada, cuando por todos es sabido que la mayor parte se debe a la situación imperante y a los múltiples recursos y amparos que se han interpuesto, lo que Diario La Hora recién lo vino a confirmar, cuando publicó que en el Caso de La Línea se han interpuesto 31 amparos, 40 apelaciones, 4 exhibiciones personales, 1 recurso de queja, 1 incidente de inconstitucionalidad y que 4 veces se han suspendido las audiencias, la mayoría impulsadas por los abogados defensores.
Sobre la lenta aplicación de la justicia también el Centro de Observancia Ciudadana del CIEN (Centro de Investigaciones Económicas Nacionales) acaba de presentar datos que evidencian la urgente necesidad de legislar en favor de aligerar todo tipo de procesos, especialmente aquellos que han tenido especial relevancia para combatir eficazmente la lucha contra la corrupción en el país, destacándose en dicha información que en el año 2017 hubo 67 mil 600 personas vinculadas a un proceso penal, habiéndosele dictado prisión preventiva a 14 mil 300 personas (21.15%) y a 53 mil 300 (78.84%) se les dio medida sustitutiva, lo que viene a demostrar que, tampoco es cierto que para todo los jueces se inclinan por meter a la gente a la cárcel con una clara intención de perjudicarlos, lo que han venido asegurando también los abogados defensores.
Destaca en esta última información la urgente necesidad de disminuir la mora judicial, como el alto nivel de hacinamiento que existe desde hace ya bastante tiempo en el sistema penitenciario, por lo que al Organismo Legislativo le corresponderá poner su mayor diligencia y preocupación para que las reformas que actualmente ya le fueron planteadas en materia de aceptación de cargos, sean resueltas a la mayor brevedad posible. Cabe aquí recordar las célebres palabras del filósofo Lucio Anneo Séneca: “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.”
