Juan José Narciso Chúa

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Guatemalteco. Estudió en el Instituto Nacional Central para Varones, se graduó en la Escuela de Comercio. Obtuvo su licenciatura en la USAC, en la Facultad de Ciencias Económicas, luego obtuvo su Maestría en Administración Pública INAP-USAC y estudió Economía en la University of New Mexico, EEUU. Ha sido consultor para organismos internacionales como el PNUD, BID, Banco Mundial, IICA, The Nature Conservancy. Colaboró en la fundación de FLACSO Guatemala. Ha prestado servicio público como asesor en el Ministerio de Finanzas Públicas, Secretario Ejecutivo de CONAP, Ministro Consejero en la Embajada de Guatemala en México y Viceministro de Energía. Investigador en la DIGI-USAC, la PDH y el IDIES en la URL. Tiene publicaciones para FLACSO, la CIDH, IPNUSAC y CLACSO. Es columnista de opinión y escritor en la sección cultural del Diario La Hora desde 2010

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Juan José Narciso Chúa

La situación económica desde hace ya varios meses ha venido mostrando un proceso gradual de desaceleración o ralentización, lo cual constituye una condición que parece agravarse cada día más, principalmente cuando en el sector de exportaciones agropecuarias se conoce que varios de los principales productos de transacciones internacionales, los precios han caído en el mercado internacional.

Estos procesos cuando la economía pierde velocidad, representan hechos que únicamente tienen explicación en condiciones puramente económicas. Me explico. La pérdida de peso del gasto público en el PIB es uno de los factores que han contribuido en esta desaceleración, puesto que la incidencia del gasto público con sus efectos multiplicadores que afectan la economía real, son inobjetables en el caso de Guatemala. Más aún, cuando la reducción en el gasto público se observa principalmente en el componente de la inversión pública, en tanto ésta sumada a la inversión privada (que tiene un peso mayor que la pública) representan la denominada inversión geográfica bruta que es otra de las formas de medir el PIB.

La inversión pública ha sido uno de los componentes que mayores ajustes sufre en la aprobación del gasto público, puesto que las erogaciones que representan al funcionamiento o bien todas aquellas formas de gasto que permiten la operación del Estado en general -sueldos, servicios, compras y otras-, conforman un grupo que contrariamente a reducirse cada año, aumenta su peso sobre el gasto público, con lo cual el ajuste por definición es la inversión pública, que debe financiarse con deuda pública.

Si a ello se le suma que varios gastos están aprobados por la Constitución Política, genera mayor rigidez en el gasto público, provoca incapacidad de maniobra del gasto de funcionamiento y el peso de la reducción recae, principalmente, sobre la inversión pública, pero profundiza el peso de la deuda pública, principalmente la deuda interna por medio de la emisión de bonos, una decisión que es a la cual se ha recurrido mayormente en los últimos años, pero su nivel -aunque técnicamente todavía se mantiene alejado del 40% del PIB-, ha provocado que el servicio de la deuda -capital e intereses-, se venga haciendo cada vez más difícil de cubrir, puesto que la tributación tampoco crece en forma paralela al crecimiento del gasto público.

Otro elemento que ha venido mostrando señales de fatiga es el crédito al sector privado, que viene cayendo gradualmente desde el año anterior, lo cual señala que la economía en su conjunto no está demandando recursos para nuevas inversiones, lo cual pesa principalmente en los denominados créditos empresariales menores, pues los créditos empresariales mayores han aumentado ligeramente. Esto provoca que el tejido empresarial de medianas, pequeñas y micro empresas se encuentren sin producir mayor inversión, pero su peso es sumamente importante para la economía.

El proceso de apreciación del tipo de cambio, finalmente se revirtió, pero su tendencia es todavía leve, por lo que se continúa afectando a las exportaciones y favoreciendo a las importaciones, otro de los componentes que en la economía han venido mostrando caídas o bajas sensibles, lo cual, sumado a la caída de varios de los precios internacionales y la tendencia alcista del petróleo, provocan una situación en la cual la economía en general se resiente y provoca su proceso de desaceleración.

Todos ellos son explicaciones económicas a situaciones económicas, pero constantemente se ha escuchado del propio Presidente del Banco de Guatemala que la economía se ha visto afectada por la falta de certeza jurídica en relación a la Mina San Rafael, una situación que constituye una falacia, puesto que la minería no tiene un peso significativo en el PIB. Seguir diciendo esto, a lo cual ya se sumaron voces del empresariado, constituye ciertamente falta de seriedad en el análisis económico.
Una cosa es el rezago de un fallo en relación a la Minera San Rafael y otra cosa es la falta de certeza jurídica en el país. Ahora querer influenciar la resolución de la CC con respecto a este caso, tampoco es válido.

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