Si se le pide a un pandillero que dictamine sobre una iniciativa de ley para castigar a los que se integran en las maras, por supuesto que todo mundo pegaría el grito en el cielo señalando el conflicto de interés, porque es obvio que haría todo lo posible por eliminar o, al menos, reducir el castigo para los delitos que se vayan tipificando. El ejemplo es válido porque se ha planteado ya el cuestionamiento sobre el conflicto de interés que hay cuando los diputados que pertenecen a partidos políticos investigados por financiamiento electoral ilícito se disponen a modificar la ley sobre la materia para reducir penas y eliminar castigo a los secretarios generales, dejando amplio espacio para que la fiesta siga, para que algunos financistas puedan continuar haciendo lo que han hecho por tantos años en su propio beneficio y en perjuicio del Estado y, obviamente, de la población.
Son varias las acciones legales planteadas con ese mismo criterio y corresponderá a la CC decidir al respecto, pero al margen de la decisión judicial, la opinión pública con sentido común sabe que es absolutamente lógico el reclamo porque los que se benefician de las malas prácticas de financiamientos que son perversos no pueden ser quienes regulen si se castiga o no y la cuantía del castigo.
Está muy bien explicado el argumento jurídico y racional que sustenta el alegato de quienes solicitan un amparo para evitar el desaguisado de que los investigados sean quienes legislen sobre la materia. En el campo penal los efectos de la ley son retroactivos y es obvio que liberar a los secretarios generales de cualquier responsabilidad tiene una dedicatoria directa para beneficiar al Presidente de la República que, en su calidad de representante legal del partido FCN, negoció y pactó con los empresarios el dinero que de manera secreta llegó para utilizarlo en el pago a los fiscales de mesa. Y eso es apenas uno de los financiamientos que se dieron y es el único que está investigado. La ley nunca debe ser casuística y menos tendenciosa para beneficiar a una persona en particular. En este caso se está beneficiando a los que ya fueron señalados públicamente de haber participado en una trama claramente develada por las autoridades y resulta absurdo el planteamiento de despenalizar el hecho.
Es evidente que la reforma al delito de financiamiento electoral ilícito está siendo manejada dentro de los esfuerzos del Pacto de Corruptos que ha tratado de asegurar impunidad para quienes lo conforman y los ciudadanos no debemos aceptar esa práctica.
