Oscar Clemente Marroquín
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Desde su nombramiento la fiscal general Consuelo Porras ha estado bajo observación de la opinión pública que en su mayoría decidió otorgarle el beneficio de la duda y esperar a que los hechos fueran los que indicaran si su compromiso era con el Presidente que la nombró o con la Constitución y correcta aplicación de la ley. Sus primeras apariciones públicas, sobre todo cuando se habló del Caso de Financiamiento Electoral Ilícito, dejaron más dudas que otra cosa porque fue evasiva como queriendo dar largas al asunto.
En realidad la abogada Consuelo Porras vive un momento crucial de su vida porque de su decisión y compromiso dependerá qué sitio le toca ocupar en la historia del país. No es un secreto que Guatemala está pasando por un momento en el que se juega el todo por el todo, porque mientras por un lado hay importantes avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad, por el otro existe una contraofensiva de los grupos beneficiados por esos dos flagelos que quieren recuperar lo perdido y conservar los privilegios que les han permitido ordeñar al Estado en su propio beneficio. El Ministerio Público en Guatemala vivió durante años como un reducto de la cooptación y como puntal de la impunidad y no fue sino en los últimos períodos que se empezó a notar un cambio hacia la profesionalización y el cumplimiento de sus deberes.
Pero fue en la última gestión que centró, junto a la CICIG, sus esfuerzos en atacar la corrupción y desnudar las enormes podredumbres que existen en nuestro sistema político. Desnudar la cooptación del Estado fue sin duda el aporte más importante porque sirvió para explicar por qué y cómo se llegó a esa perversión no sólo de la democracia sino del mismo sector público que fue puesto al servicio de los intereses de quienes históricamente afianzaron sus posiciones por la vía del financiamiento electoral.
La postura que el gobierno de Jimmy Morales ha tenido contra las fuerzas que combaten la corrupción obligó a entender que no haría un nombramiento que pudiera significar la continuidad de los esfuerzos por la transparencia y el respeto a la ley. Por ello tanta suspicacia respecto al papel que iba a desempeñar la nueva Fiscal General, porque si toda la agenda del gobierno ha sido contra la CICIG, era natural suponer que en ese crucial nombramiento ese factor tenía que haber sido decisivo.
Ayer, sin embargo, con todo desparpajo el ministro de Gobernación afirmó que junto al MP estaban evaluando a la CICIG para retomar su mandato. La grabación no deja lugar a dudas de las palabras del funcionario porque fue clarísimo lo que afirmó. Como resultado de ello, la Fiscal Porras emitió un comunicado desmintiendo a Degenhart, diciendo que no se está haciendo ninguna evaluación conjunta y que la labor coordinada entre MP y CICIG continúa sin cambio, respetando el mandato.
Me da la impresión que la Fiscal ha entendido que no puede hundirse con un Ejecutivo que no parece tener futuro y que valora más de lo que se supuso el cumplimiento de su deber, los hechos demostrarán si eso es cierto.
