Emilio Matta Saravia
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El día de ayer leí una interesante columna del licenciado Miguel Ángel Sandoval en la cual recomendaba, entre otras cosas, la intervención y posterior nacionalización de Energuate, por actos de evasión fiscal y de cobros excesivos e indebidos a usuarios de su servicio.
La generación y distribución de energía eléctrica son temas que provocan una enorme conflictividad social en nuestro país, ya que las generadoras (principalmente hidroeléctricas) son rechazadas, en su mayoría por las comunidades que se ven afectadas por la construcción y uso de agua de las mismas, mientras que las distribuidoras (en este caso Energuate) generan rechazo por “cobros excesivos” del servicio. Para efectos de esta columna, me centraré en la distribución de energía y en la empresa Energuate, anteriormente Unión Fenosa.
En su columna, el licenciado Sandoval indica que existen acusaciones y juicios de la SAT en contra de Energuate por evasión fiscal. Desconozco los motivos de las demandas y los montos en disputa. Soy de la opinión que, si efectivamente se comprueban los actos de evasión al fisco, las autoridades deberían tomar las acciones correspondientes para recuperar los montos evadidos más multas, intereses y costas judiciales, si hubiere. Para realizar los cobros, la ley contempla congelar fondos de cuentas bancarias e inclusive intervenir la empresa con el fin de recuperar los montos evadidos. Nótese que la intervención es temporal, mientras se recuperan las sumas adeudadas al fisco.
En cuanto a nacionalizar la empresa, considero que sería un retroceso el tomar una medida de este tipo, además de un monumental error. Más de la mitad de la población de Guatemala no había nacido o era muy joven para recordar que todavía en los años 80, existían muchísimas poblaciones del país sin acceso a energía eléctrica. Inclusive algunas cabeceras departamentales, no digamos municipales, no contaban con fluido continuo de energía eléctrica. En esa época, la generación y distribución eléctrica eran estatales y se hacían por medio del INDE y EEGSA. Fue hasta la década de los 90 donde se hizo un esfuerzo serio por llevar electricidad a los rincones más apartados del país, ampliando la red eléctrica y permitiendo que entes privados pudieran generar energía por distintos medios: biomasa, carbón, búnker e hidráulica. El cómo se dieron dichas concesiones es tema de otra columna, ya que por espacio no lo puedo abordar hoy. Uno de los temas importantes y que genera tanto conflicto, se refiere al cobro de energía que viene en la factura. A grandes rasgos, una factura de Energuate lleva varios componentes, que incluyen cobro de energía eléctrica, aplicación de tarifa social, cobro de peaje, y cobros de alumbrado público (que realizan para la municipalidad del lugar). Normalmente el cobro de alumbrado público es mayor o mucho mayor, que el consumo per se de energía eléctrica. Esto quiere decir que el usuario paga a la municipalidad, no a Energuate, el doble o el triple de lo que consume de electricidad. Dicha tarifa de alumbrado es fijada discrecionalmente por cada concejo municipal y Energuate solamente lo recauda y entrega a su destinatario final. En todo caso, lo procedente es modificar la ley de tal forma que, la tarifa de alumbrado público no sea arbitraria, sino que exista una metodología de cálculo clara y transparente, y que lo cobre directamente la municipalidad a sus vecinos, para que el usuario pague únicamente lo que consume de electricidad.
Pero de ninguna forma retroceder 40 años tomando medidas que no funcionaron y solamente provocaron escasez de electricidad, principalmente para los más necesitados.
