Jorge Santos
Es evidente que durante los últimos años, la columna vertebral de la estrategia de violencia y represión contra defensores y defensoras de derechos humanos impulsada por la elite económica, el poder militar y en buena medida el sistema de justicia, lo constituye la criminalización y los asesinatos. Por su parte el fenómeno conocido como criminalización es la aplicación arbitraria de la ley, la amenaza de su aplicación o la estigmatización de los actos, ideas y propuestas de las y los defensores.
Al igual que la estrategia implementada durante la mayor parte del tiempo que duró la guerra en Guatemala, las distintas dictaduras militares al servicio del poder económico utilizaron el terror y la ejecución extrajudicial como el mecanismo de represión por excelencia; ahora junto a la estrategia de asesinar, la difamación, la denuncia judicial y la privación de libertad son también el núcleo central que pretende diezmar las luchas y las resistencias a lo largo y ancho del país.
Y es que al igual que en el pasado, lo que se pretende es más que acallar la voz, la resistencia y con ello no permitir la transformación de la nación. Uno de los efectos de la criminalización y los asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos es aislar al defensor o defensora, su organización, resistencia o comunidad y obstaculizar por completo su capacidad de liderazgo.
En los casos de criminalización documentados hasta ahora en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, es posible denotar ilegalidad o como mínimo arbitrariedad, que puede ser demostrada en que a la fecha muchos de los casos suelen culminar con la liberación de los defensores en la medida que al Ministerio Público le resulta imposible demostrar los hechos que les fueron imputados. De manera contraria y sin la eficiencia que demuestra el Sistema para capturar defensores, los asesinatos suelen quedar en la impunidad, convirtiéndose así la ausencia de justicia en la licencia de dar rienda suelta a mayores niveles de violencia.
Se ha dicho hasta el cansancio que la criminalización de los y las defensoras de derechos humanos se da en contextos de violencia generalizada causada por delitos comunes y por crimen organizado, así como por la polarización de la sociedad guatemalteca, secuelas del largo Conflicto Armado Interno, altos niveles de impunidad y por la implementación de un modelo de desarrollo que no incorpora la visión de desarrollo de los pueblos indígenas y del resto de la población guatemalteca.
Sin embargo y aún en medio de este marco de represión y violencia el avance de las y los defensores de derechos humanos no se detiene y no se detendrá hasta construir una sociedad distinta a la que hoy les oprime. Por ello es importante el esfuerzo de construir lo que hoy se conoce como la Escuela para la Defensa de los Derechos Humanos “Florentín Gudiel” como una acción que nos permitirá mejorar nuestras herramientas y capacidades para protegernos y avanzar en nuestras luchas.
