Estuardo Gamalero
“La libertad de cada uno es la responsabilidad de todos”
Néstor Majnó.
La semana pasada fui invitado al Foro denominado “Retos de cara al proceso electoral 2019”, organizado y/o promovido por las organizaciones: Acción Ciudadana, Guatemala Despierta, Guate Íntegra, Tribunal Supremo Electoral, Guatemala Visible, Levantemos la Voz, Mejoremos Guate y Twitteros por Guate.
Los panelistas, fueron cuatro expertos de reconocido prestigio y experiencia en diversas ramas: El magistrado Mario Aguilar E., actual presidente del Tribunal Supremo Electoral; Mario Fuentes Destarac, abogado constitucionalista, columnista, catedrático y presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala; Juan Rodolfo Pérez Trabanino, abogado penalista, analista y catedrático; y Mario García Lara, economista, analista y excandidato en contienda electoral.
Cada uno abordó el tema con una óptica propia. No vi en sus exposiciones contradicción alguna y más bien, su preocupación coincidió en varios puntos medulares. Quizás la parte que más llamó mi atención fue la individualización de los retos que hiciera el licenciado Fuentes Destarac, el cual básicamente señaló retos propios de la autoridad electoral, retos de los ciudadanos/votantes, retos de las organizaciones políticas, retos de los actuales políticos que ejercen algún cargo público, retos de los medios de comunicación y retos de las instituciones que tienen a su cargo la sonada “lucha en contra de la corrupción”.
Y, aunque todos debemos aspirar a lo mismo: “llevar a cabo un proceso electoral apegado a la ley y con la participación de las personas más capaces, idóneas y honradas”, quiero individualizar los desafíos que en mi opinión constituyen los retos más trascendentales:
I) Para las organizaciones políticas, el desafío es presentar una propuesta de candidatos que NOTORIAMENTE cumplan con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez que alude el artículo 113 de la CPRG. Lo anterior constituye un proceso de autodepuración en la oferta de candidatos tanto para alcaldes, como para diputados y el binomio presidencial, que nos guste o no, está demandando la realidad nacional.
El reto acá es que las mismas asambleas de las organizaciones políticas hagan a un lado a los políticos enraizados y parásitos de un sistema corrompido y den paso a una nueva generación de personas más capaces y menos contaminadas.
Estoy convencido que la organización política que goce de credibilidad y presente fundadamente dicha mejora, tendrá una ventaja enorme frente a las otras. Las organizaciones políticas ya no pueden seguir funcionando como barcos de caciques, destinados para cobrar favores y mucho menos, vivir abusivamente de los recursos del Estado que proveemos quienes pagamos impuestos.
II) Para el Tribunal Supremo Electoral, el reto es lograr la implementación efectiva de todas las reformas que se hicieron a la Ley de la materia en el año 2016. Lo anterior definitivamente es una arena movediza, pues según se vislumbren los intereses de “los actores” más fuertes, no es de extrañar que aparezcan movimientos y estrategias tendientes a debilitar y atacar a la autoridad electoral, con la finalidad de boicotear las elecciones generales. En ese sentido, las reformas antes mencionadas, introducen la creación de tres nuevas Direcciones: la de Financiamiento Electoral, la de Voto en el Extranjero y la de Medios de Comunicación. Asimismo, existe el reto de abordar objetivamente la solicitud y presión por cancelar una o varias organizaciones políticas, por violación a las normas del financiamiento.
El desafío en ese aspecto es velar por que no se violenten garantías legales y obviamente se respete el debido proceso.
III) El mayor reto de la ciudadanía, es decir de los votantes, es elegir a las personas que, dentro del escenario real, se presenten como la mejor opción. Para ello, es un inminente desafío ser analítico y no andar como veleta ni como loro “decerebrado”, haciendo alharaca de todo lo que escuchamos y luego repetimos sin haber validado. Lamentablemente, los chapines somos cortos de memoria y agiles para las excusas, pero no debemos olvidar la historia y las razones de porqué cada cuatro años, votamos en contra del anterior gobernante. O, en el caso de la contienda electoral 2016, la forma en que la mayoría de los empadronados votaron en contra de quien supuestamente “le tocaba” y también en contra de quien “ya le había tocado”. Reconociendo que para ello no existen garantías reales, las autoridades que elijamos deben ser personas probas, sin una contaminación ideológica y separatista, y mucho menos corruptas ni con tendencias a fomentar una revolución o un comunismo antagónico con los principios de nuestra República.
IV) Para las autoridades de seguridad, judicial y de investigación, el mayor reto electoral es prevenir, combatir y desarticular las células que nutren el proceso electoral con recursos provenientes del narcotráfico y del crimen organizado. Dichos aportes según expertos se estima entre el 60% y el 70% del financiamiento “fantasma” que empaña las elecciones.
V) El Congreso de la República, también tiene la enorme responsabilidad de legislar adecuadamente el artículo 407 literal N, del Código Penal (Financiamiento Electoral) tal y como se lo ha instado la Corte de Constitucionalidad. El no hacerlo, es una irresponsabilidad que genera desconfianza y puede traer grandes tropiezos en las próximas elecciones.
VI) Los medios de comunicación, tienen el reto de transmitir la propaganda electoral dentro del marco de la ley y hacer favores de costo político. Así también, de informar con transparencia las noticias que directa e indirectamente afecten el ambiente democrático que todos esperamos sea de paz y orden.
Teniendo presente los retos enunciados y cualquier otro que veamos en el camino, es de vital importancia que hagamos nuestros mejores esfuerzos para llevar a cabos un cambio electoral que realmente fortalezca y legitime nuestra democracia, y sobre todo la República de Guatemala.
