Lic. Douglas Abadía C.
douglas.abadia@gmail.com
Realizando un análisis hemerográfico de los años 2015 y 2016 sobre política guatemalteca, en especial, el papel del Congreso de la República en las dos últimas legislaturas, he recuperado y sistematizado los intentos de “reforma” para el Estado de Guatemala, quedando para variar, engavetadas debido al privilegio de intereses personales sobre intereses comunes.
Se entiende por reforma del Estado al conjunto de acciones que tienden a una redefinición de las reglas de juego y de las fronteras funcionales que enmarcan las relaciones entre aquel y la Sociedad.
El Estado guatemalteco debe ser reformado y modernizado, desde su concepción hasta nuestros días nuestro Estado ha sido debilitado paulatinamente en aras de destrozar la casi nula, pero existente labor del Estado, al grado que para algunos expertos consideren que poseemos un Estado fallido.
El concepto “Estado fallido” significa el fallo del Estado para asegurar su función principal, que es en el concepto clásico de Max Weber, mantener el monopolio legítimo de la violencia política (Esty, D. C. 1995).
Noam Chomsky (2008) ofreció un concepto de Estado fallido más amplio al categorizar no solo el monopolio de la violencia como motivo del fallo, también incluyó los objetivos del Estado.
A partir de los escándalos de corrupción descubiertos por CICIG y el MP (año 2015) en el Caso La Línea, la cual trajo como consecuencias que la señora Baldetti Elías renunciara a la Vicepresidencia de la República, varios sectores de la sociedad guatemalteca empezaron a plantear “reformas” al sistema político nacional.
La crisis política se agudizó con la captura de miembros de la Junta Directiva del IGSS, por lo que las protestas se han intensificado, e incluso fortalecido en cuanto a alcanzar sus objetivos; transformar el sistema político nacional.
Posteriormente, se logró integrar la Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, encabezada por la Usac. Unas 60 organizaciones, desde el ámbito religioso, social y académico, se integraron y dan fuerza al proyecto que busca realizar cambios al Estado. Las reformas al Estado guatemalteco son en un inicio cuatro temas: Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Reforma a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, Reforma al Servicio Civil y Reforma al Sector Justicia.
La necesidad de reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, como medida urgente para sanear el sistema político del país, es una opinión generalizada y expresada por diversos analistas, candidatos, diputados o funcionarios, y que tiene como punto de fusión crítica a los partidos y el rol que cumplen.
Es urgente para Guatemala reformar los cuatro ejes mencionados anteriormente, caso contrario, tendremos más de lo mismo: servidores y funcionarios públicos sin perfil idóneo, con las prácticas perversas tradicionales (corrupción, nepotismo, compadrazgo, etc.) y satisfacción de intereses de clase en detrimento del bien común.
Finalmente, considero que si no se dan las reformas a los cuatro ejes (primer paso) citados anteriormente, nuestro país continuará inmerso en la polarización entre los distintos actores del sistema político nacional, trayendo como efectos negativos que la ciudadanía se cuestione la legalidad y legitimidad del sistema democrático; además la pérdida gradual y progresiva de prestigio de la política (no hay clase política en la actualidad, solo oportunistas y amantes de lo ajeno), el alejamiento entre los ciudadanos y la política, trayendo graves consecuencias para nuestro enclenque sistema político.
Guatemala no puede seguir por la ruta tradicional, debe encausarse en otro horizonte más prometedor, justo, equitativo, debemos dignificar a nuestros ciudadanos, no tratarlos como ciudadanos de cuarta categoría.
La ruta está indicada, la voluntad política para ir en ese rumbo es el dilema.
