Gladys Monterroso

licgla@yahoo.es

Abogada y Notaria, Magister en Ciencias Económicas, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Diploma otorgado por la Corte de Constitucionalidad en 2005, como una de las Ocho Abogadas Distinguidas en Guatemala, única vez que se dio ese reconocimiento, conferencista invitada en varias universidades de Estados Unidos. Publicación de 8 ediciones del libro Fundamentos Financieros, y 7 del libro Fundamentos Tributarios. Catedrática durante tres años en la Maestría de Derecho Tributario y Asesora de Tesis en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

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Gladys Monterroso
licgla@yahoo.es

“Trabaja para mantener viva en tu pecho esa pequeña chispa de fuego celeste, la conciencia.”
George Washington

En la actualidad, tiene más valor además de ser bueno en su respectiva experiencia, ser parte de una institución del gobierno autónoma o semiautónoma, siempre y cuando se tenga una relación de dependencia con una institución del gobierno, por ejemplo, alguien dice -Necesito un abogado penalista- el conglomerado responde -Yo conozco uno, y te va a servir porque trabaja en el MP, o en la CICIG, si no es él, tiene un hermano/a, o el esposo/a, alguien más pregunta -Necesito un buen contador o auditor- y alguien más responde -Conozco a alguien muy bueno, y lo mejor trabaja en la SAT.

¿Cuál es la diferencia entre un abogado penalista que trabaje en el MP o la CICIG y otro que no? Que, el que trabaja en cualquiera de estas dos instituciones adicional a que se encuentra en la aplicación diaria de la ley penal y leyes conexas, tiene contactos, conoce tanto los criterios institucionales como los personales de los funcionarios, y eso vende y mucho, lo mismo sucede con los empleados de la SAT, de los cuales una gran mayoría presta asesorías muy bien pagadas en la iniciativa privada.

Mi pregunta va encaminada, hacia la delgada línea que traza la ética en relación al ejercicio de la actividad pública y la privada, así como lo relacionado a la libertad de contratación, o lo que es lo mismo si sabiendo que una persona trabaja en una institución pública, se deben utilizar sus conocimientos para el beneficio del área privada, y, donde terminan y principian la prestación de servicios en cada una de esas áreas.

Viene a colación lo anterior, porque infinidad de personas en la actualidad, cuando mencionan los méritos profesionales de una persona, no lo califican por su experiencia profesional, sus conocimientos o sus grados académicos, hoy, como mayor referente, se alude al lugar donde trabaja, o donde recién acaba de terminar de trabajar, y en relación a lo mismo será el cobro.

Pero ¿Es lo anterior ético? Definitivamente no, tampoco es legítimo, aunque sea levemente legal, ya que es un principio constitucional que se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe, y la ley expresamente no prohíbe trabajar en una institución, y a la vez emitir opinión sobre los criterios institucionales, derivados del quehacer de la institución a la que se le prestan servicios.

Un magistrado de la Corte Suprema, en un determinado momento le trasladó su criterio, y lo que debía hacer en un caso concreto a un político muy conocido, derivado de un problema legal que el político afrontaba, la población se escandalizó, el magistrado fue duramente criticado más, sin embargo, no dejó de ejercer la magistratura por ese motivo, su acto no fue ético, ni legítimo, pero no se le puede calificar como ilegal.

De lo anterior se deduce, que muchos actos del ser humano, quedan a criterio de la aplicación real de su libre albedrío, y dentro de ese libre albedrío, se puede actuar dentro de la legalidad, más no necesariamente es ético, el resultado de lo anterior, estriba en que el ser humano es sumamente débil, y sujeto a los vaivenes propios de los cambios sociales, aunque no siempre bien encaminado, ya que con el argumento de la suma necesidad, se puede faltar al autorespeto, propio de pensamientos éticamente elevados, aunque económicamente pobres.

Es pues, difícil en una sociedad como la nuestra, pedir diferentes conductas ante hechos similares, parecidos o iguales, porque históricamente el ser humano de estas latitudes, ha sido en la mayoría de los casos, más proclive a dejarse llevar por sus instintos de supervivencia económica, antes que cualquier tipo de principios.

En cualquier aspecto de la vida, debería prevalecer la ética antes que la satisfacción económica, pero desafortunadamente ante la debilidad propia del ser humano, prevalece la segunda sobre la primera, porque los instintos superan al pensamiento, así lo ha decidido el ser humano, y con sus errores ha aprendido a vivir en un mundo monetizado entre el valor real y el precio de las acciones nuestras de cada día.

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