La creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala fue a solicitud de nuestro país y se produjo mediante un acuerdo suscrito por el Estado de Guatemala con la Organización de Naciones Unidas que establece no sólo los objetivos de la Comisión sino también los compromisos que se adquirieron para facilitar sus operaciones, y entre ellos existe uno que obliga a las autoridades a brindarle todas las garantías y facilidades para garantizar la seguridad de quienes laboran para ese novedoso órgano de apoyo a un país con graves problemas derivados de la existencia de mecanismos para impedir la aplicación correcta de la ley a quienes incurren en delitos cometidos por o con la cooperación de grupos clandestinos de poder.
Ese acuerdo fue violado esa semana cuando la Policía Nacional Civil recibió instrucciones de reducir el contingente encargado de las tareas de seguridad a la CICIG. Veinte agentes fueron retirados de sus funciones y asignados a tareas de seguridad ciudadana bajo el argumento de las necesidades del servicio, y la noticia ocurre justo cuando en algunos medios se hizo el recuento de la enorme cantidad de agentes que trabajan en resguardo del Ministro de Gobernación.
El tema pudiera verse como parte de las necesidades del servicio de no ser porque acabar con la presencia de CICIG se ha convertido en el tema principal del gobierno de Jimmy Morales que ha centrado prácticamente toda la agenda pública en ese asunto, tanto como para que el diseño de nuestra política exterior, que debiera estar girando alrededor de los intereses de los migrantes, se hizo con la mentalidad de ir buscando aliados en el extranjero que pudieran cooperar con la reducción de los aportes y respaldo para el esfuerzo que se libra en la lucha contra la corrupción en Guatemala.
El acoso a la CICIG es evidente a pesar de que el gobierno insiste en proclamarse como adalid en la lucha contra la corrupción presumiendo de logros en los que no ha tenido ninguna participación. En el tema del apoyo institucional de la PNC a la Comisión primero fue el retiro de los investigadores asignados para apoyar el trabajo de los expertos internacionales, y luego viene esta decisión de suprimir la vigilancia para resguardo de la institución.
Evidentemente no son hechos aislados ni producto de la casualidad sino parte de un esquema muy bien orquestado para continuar con el enfrentamiento que no persigue sino ponerle fin al mandato de la CICIG forzando a la discusión de sus términos para que la ONU se enfoque en el tema.
