Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La justicia en Guatemala nunca ha sido pronta ni cumplida, pero en los últimos años hemos visto cómo los mismos defensores se encargan de entrampar los procesos con una variedad de tácticas dilatorias que hacen ver todavía más lenta a esa justicia tan cuestionada. Y ocurre tal situación aún y cuando los defendidos por esos abogados se encuentren guardando prisión preventiva, lo que haría pensar que es insensato actuar de esa manera si con ello se afecta a los patrocinados que pasarán más tiempo en prisión sin que pueda resolverse finalmente su situación.
Sin embargo ya se pudo comprobar que la estrategia no es del todo descabellada y que tiene razón de ser en la esperanza que alientan los cambios previsibles. Desde el relevo en el Ministerio Público se ha visto una oleada de resoluciones otorgando libertad a varios sindicados que estaban bajo prisión preventiva y ahora el tema de fondo es el fin del mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad previsto para dentro de un año y en el que basta que el gobierno de Jimmy Morales no solicite la prórroga para que la CICIG termine su función en Guatemala.
Por ello es que la consigna que existe entre los abogados que patrocinan a los acusados de actos de corrupción es que le hagan yemas, porque una vez fenecido ese mandato el país volverá a su normalidad, lo que significa el abandono de ese tipo de acusaciones dirigidas en contra de quienes desde siempre han gozado de trato preferente y privilegiado, porque se ha sabido que la ley no es para todos y que la justicia debe ser severa con los pelados, pero inexistente para los poderosos.
Y es que la CICIG vino a cambiar muchas cosas en el país y a desnudar nuestra patética realidad en cuanto a la existencia de tan burdos privilegios que sirvieron para convertir la impunidad en estímulo para que los delincuentes de cuello blanco pudieran hacer lo que les da la gana sin temor a consecuencias legales ni a asumir ninguna responsabilidad. Menudo cambio ha significado el trabajo de la CICIG especialmente cuando se dirigió a los grupos clandestinos dedicados al saqueo inmisericorde del Estado y cuando pudo contar con la ayuda valiosa de un Ministerio Público que rompió con el molde de que la corrupción nunca entraba en el radar de sus investigaciones.
Y por ello era tan importante el aporte que hacía la CICIG al proponer reformas constitucionales al sector justicia para romper con vicios arraigados que se traducen en la cooptación del poder judicial eternamente al servicio de los delincuentes de alto rango. Pero los implicados lo entendieron muy bien y se encargaron de matar esa propuesta que pondría fin a su influencia para mantener bajo control a los juzgadores, al punto de que los pocos que tienen compromiso con la justicia no sólo sean minoría sino que arriba de ellos estén magistrados comprometidos para asegurar la impunidad.
En un año más la pesadilla de los pícaros termina y el país vuelve a ser lo que siempre fue, es decir su férreo reducto.
